- Informe de juicio político ya fue entregado; fiscal suspendido deberá presentarse ante el pleno mientras se define su posible salida del cargo
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La comisión especial del Congreso Nacional encargada de investigar al fiscal general suspendido, Johel Zelaya, entregó este miércoles el informe final del juicio político al secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, marcando un paso clave en el proceso que podría definir su destitución.
El coordinador de la comisión investigadora, Mario Pérez, informó que la principal recomendación contenida en el documento es que el pleno de diputados vote por la destitución permanente de Zelaya como titular del Ministerio Público.
“Como principal recomendación que esta comisión hace al pleno de diputados es que se vote definitivamente por una destitución permanente del Fiscal General Johel Zelaya”, declaró Pérez a periodistas que cubren la fuente legislativa.
El parlamentario detalló que la comisión trabajó durante aproximadamente cinco horas en la elaboración del informe final, el cual fue remitido a la junta directiva del Congreso Nacional para que adopte las decisiones correspondientes, aclarando que el dictamen no es vinculante.
Por su parte, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, confirmó que el fiscal suspendido ha sido citado para comparecer ante el pleno legislativo el jueves 26 de marzo a las 8:00 de la mañana, en una sesión clave donde podría definirse el rumbo del proceso.
Pérez también indicó que ya existe un procedimiento establecido para la elección del sustituto de Zelaya en caso de que el pleno apruebe su destitución.
En otro punto, Ledezma negó que hasta el momento se haya recibido alguna denuncia de juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, u otros altos funcionarios, pese a versiones que circulan sobre posibles nuevos procesos.
La entrega del informe y la citación de Zelaya al pleno marcan una fase decisiva en el juicio político, en medio de un ambiente de alta tensión política, donde la votación de los diputados podría redefinir el liderazgo del Ministerio Público y profundizar las disputas entre los poderes del Estado.
