::: Los clanes narco con los que estaba vinculado siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control de la Corte Suprema hondureña :::
Por: Héctor Silva Ávalos
15 de Enero de 2023
Las cosas no han cambiado demasiado en Copán, en el occidente hondureño, desde que el ex presidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril del año pasado bajo cargos de narcotráfico. Aquí, los herederos de los viejos clanes del narco se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que les permiten mantener abiertas las rutas por las que la cocaína transita desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montaña que conectan, por Copán, a Guatemala y de ahí a México.
“La estructura sigue intacta y él (Hernández) sigue manejando los hilos”, dijo a Infobae un investigador hondureño relacionado con la inteligencia policial, quien como otros funcionarios citados en este artículo hablaron con condición de anonimato por seguridad y por no estar autorizado a hacer comentarios en público.
Hay varios lugares en Honduras donde la influencia de Hernández, JOH como se le conoce popularmente, y de su Partido Nacional (PN) aún son palpables. Uno de ellos es Copán. Otro es el congreso nacional, en el que los diputados del PN libran una batalla política por no perder el control de la Corte Suprema de Justicia, hasta ahora vinculada al expresidente.
Infobae conversó con dos funcionarios, un oficial de policía en activo y otro en retiro, sobre la situación actual en Copán. Ambos han investigado durante al menos una década los movimientos del narcotráfico en el occidente hondureño y están al tanto de la situación actual, y ambos coinciden en que, allá, los narcos siguen operando “tranquila y normalmente”.
Dos de los clanes que controlan la salida de la cocaína por el occidente de Honduras, a través de la cadena montañosa que hace frontera con Guatemala, se han recompuesto. Uno de esos clanes es el de Los Valle, que había quedado en desarraigo a mediados de la década pasada, luego de que un operativo coordinado con Estados Unidos permitió la captura de los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, líderes del grupo, en octubre de 2014. Luego, las autoridades detuvieron a Digna Valle, hermana de los anteriores y, según documentos de la inteligencia hondureña a los que Infobae ha tenido acceso, el cerebro financiero de la operación.
Los Valle, sin embargo, nunca dejaron de operar del todo: mantuvieron activos negocios en Copán, Tegucigalpa y San Pedro Sula con los que siguieron lavando dinero del narcotráfico, el de ellos y el de otros grupos, según uno de los oficiales consultados. Hoy, casi una década después del arresto de Miguel Ángel y Luis Alonso, presos en Estados Unidos, el clan vuelve a operar con más discreción.
“Los Valle Valle ya empezaron a salir. Doña Digna está en Estados Unidos y el hijo de ella, Stanley, está en Guatemala. En esta área (Copán) están operando en la modalidad de lavado de dinero. Ellos mantuvieron sus negocios de bajo perfil y Stanley sigue operando desde Guatemala”, aseguró uno de los investigadores con los que charló Infobae.
Gerson Stanley Ortega Valle, el hombre al que se refiere el investigador, se entregó en marzo de 2018 en Honduras a agentes estadounidenses, quienes lo buscaban por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Fue condenado por una corte de Estados Unidos a 9 años de cárcel, pero según un informe del Buró Federal de Prisiones citado por el periódico La Prensa de Honduras, recuperó su libertad el 4 de junio del año pasado. La inteligencia hondureña lo ha ubicado en Guatemala, desde donde, dice uno de los oficiales consultados, “se mantiene activo”.
También siguen operando en el occidente de Honduras los herederos de Alexander Ardón, conocido como “Chande”, exalcalde de El Paraíso, un poblado en las montañas fronterizas por el que, la década pasada, transitaron toneladas de cocaína según reportes hondureños y estadounidenses.
Ardón fue el nexo más importante entre el clan de los Hernández, formado por el expresidente Juan Orlando y sus hermanos Juan Antonio “Tony” e Hilda, y los narcos de occidente. Miembro del Partido Nacional, Ardón coordinó la protección que JOH dio desde el gobierno a los traficantes del occidente a cambio, en los primeros años, de aportaciones económicas a sus campañas proselitistas.
Ardón también fue capturado y llevado a una corte estadounidense. En 2019 su testimonio fue presentado durante el juicio a Tony Hernández, hermano del expresidente, por narcotráfico. Fue ahí que Ardón estableció el vínculo entre los Hernández y el mexicano Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, exlíder del Cartel de Sinaloa. El Chapo, dijo Ardón, había dado dinero para la campaña de JOH.
El ex alcalde de El Paraíso, como Digna y Stanley Valle, se convirtieron en colaboradores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso contra el expresidente Hernández, quien espera juicio en una corte de Nueva York. Pero, a diferencia de Los Valle, el paradero de Ardón no está del todo claro: “Aquí no se sabe a ciencia cierta en que calidad está ‘Chande’, si está detenido, si es colaborador de Estados Unidos, no se sabe… ¿O está libre?”, se pregunta uno de los oficiales de inteligencia consultados.
Lo que está más claro es que Alexander Ardón sigue operando en El Paraíso a través de su hijo, Alex Ardón, quien en la actualidad es secretario de la corporación municipal. Uno de los investigadores aseguró que es el hijo del narcotraficante el que “despacha como alcalde”.
“La mayoría de las alcaldías son del Partido Nacional y hay muchas ligadas al narcotráfico”, asegura el oficial de inteligencia. También hay nexos en despachos más grandes, los de Tegucigalpa, la capital.
“Lo que pasaba con JOH es que él respondía al poder real en Honduras, que es el narco. Hoy hay luchas de poder en varios frentes, en el Congreso Nacional, donde JOH logró meter a su gente: él sabía que iba a perder las elecciones y logró meter la cantidad de diputados nacionalistas que están dando seguimiento a sus directrices”, sostiene el oficial. Uno de los objetivos de los nacionalistas es mantener control sobre la Corte Suprema de Justicia, que fue durante una década uno de los principales bastiones políticos de JOH.
El pleito por la Corte Suprema y el juicio pendiente
Un día antes de la Nochebuena de 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) publicó un informe en el que revela que al menos cinco abogados que se han postulado para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país han sido señalados de tener vínculos con el narcotráfico. Uno de ellos es Luis Fernando Padilla Castellanos, ex fiscal del Ministerio Público y en la actualidad miembro de un bufete que ofreció sus servicios al ex presidente Hernández durante el proceso de extradición.
Desde finales del año pasado, Honduras está inmersa en el proceso de selección de su nueva corte suprema, que debe sustituir a finales de este enero a la corte saliente, señalada por sus vínculos con Hernández, de facilitar la vida narcotraficantes y de malograr la permanencia en Honduras de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), una especie de fiscalía supranacional que empujó la apertura de expedientes por corrupción a altos cargos políticos en colaboración con el ministerio público local.
Luis Javier Santos, el jefe de la unidad fiscal anticorrupción creada para trabajar con la MACCIH, también ha señalado a candidatos a la nueva corte que han estado vinculados al gobierno Hernández y al narcotráfico.
“He revisado el listado de los notarios auto propuestos para la CSJ y encontré un caso para Ripley: en la lista aparece un candidato condenado con sentencia firme, por haber dejado libre a 10 narcos, que fue contratado nuevamente como juez y ahora pretende ser magistrado”, tuiteó Santos el 5 de noviembre pasado al anunciar que, atendiendo a un proceso legal que permite objetar las candidaturas a la Corte, había sometido objeciones a cinco de los nominados.
El asunto de la CSJ no es menor en la lucha contra el narcotráfico en Honduras. “Lo que se está jugando en la elección de la Corte es la pérdida para el Partido Nacional de un bastión que ha sido fundamental para ellos y para JOH… El siguiente paso será la pérdida del Ministerio Público…”, asegura uno de los oficiales de inteligencia consultado en referencia, también, al fiscal general Óscar Chinchilla, otro de los funcionarios cercanos a Hernández que mantiene poder real en Honduras.
Desde la capital de Estados Unidos, congresistas y tanques de pensamiento siguen de cerca los eventos en Honduras. La influyente Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) cree que la selección de una nueva Corte limpia es vital para el futuro del país centroamericano:
“Honduras se encuentra frente a la posibilidad, por primera vez en mucho tiempo, de elegir magistrados y magistradas independientes… Si esto ocurre, el país dará un paso que le permitirá sanear su sistema de justicia. De lo contrario, Honduras se quedará estancada con una corte y leyes que no garantizan la independencia judicial y que responden a intereses de las redes criminales…”, escribió WOLA en un reporte de diciembre pasado.
Desde que llegó al poder, Xiomara Castro, la candidata que derrotó al Partido Nacional en las presidenciales de 2021, ha enfrentado férrea oposición de los diputados de Hernández en el Congreso, pero también ha tenido que lidiar con señalamientos de narcotráfico que pesan contra su círculo político, incluidos su esposo y su cuñado.
Castro envió una señal clara a los operadores de Hernández al nombrar ministro de seguridad al general de policía Ramón Sabillón, el oficial que metió presos a los hermanos Valle y fue el primero en denunciar en público la relación entre los narcotraficantes y la familia del expresidente. Pero el tiempo ha pasado y la infiltración del narco en la policía y el ejército parece aún saludable, de acuerdo con varios observadores, uno de ellos un senador de Estados Unidos que tiene a Honduras en su portafolio.
Jeff Merkley, senador demócrata por el estado de Oregón y miembro del comité de exteriores de la cámara alta, publicó el 10 de enero pasado un comunicado en el que aboga por la limpieza de la fuerza pública hondureña: “Nada cambiará en Honduras hasta que las estructuras criminales, que están profundamente infiltradas en el ejército y la policía, sean investigadas y los responsables de abusos a los derechos humanos sean castigados”, escribió el legislador.
En Nueva York, Juan Orlando Hernández, de quien la inteligencia policial de su país dice que mantiene saludable la influencia criminal que construyó en las instituciones del Estado hondureño cuando fue presidente, espera su juicio por narcotráfico, por el que desfilarán decenas de testigos y en el que serán expuestos miles de documentos que, según los fiscales estadounidenses, hablan de cómo este hombre construyó un imperio del crimen que aún no ha sido desbaratado. El juicio está programado a realizarse en septiembre de este año.
