• Más de 128 millones de lempiras en carros de lujo, motocicletas y ambulancias despiertan sospechas de sobrevaloración y uso político de recursos públicos, mientras crecen las carencias en salud y educación.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Mientras el Gobierno mantiene un discurso de austeridad, eficiencia y protección de los recursos públicos, una nueva polémica sacude al país: la adquisición de 116 vehículos valorados en casi 128 millones de lempiras para diversas instituciones del Estado en 2025.
Lejos de ser una compra menor, la magnitud del gasto y la naturaleza de los automotores ha provocado un intenso debate nacional, especialmente porque ocurre en un contexto de hospitales sin medicinas, escuelas deterioradas y servicios básicos colapsados.
Documentos oficiales de la Dirección Nacional de Bienes del Estado detallan que gran parte de los automotores corresponden a camionetas y pickups de lujo, mientras apenas se incluyen un reducido número de ambulancias para uso institucional.
La revelación alimentó sospechas de malversación, sobrevaloración y uso político de bienes públicos, justo en un año electoral.
Críticas: “Un abuso del presupuesto público”
El abogado Oliver Erazo fue uno de los primeros en alzar la voz. Para él, la compra es un claro ejemplo de contradicción entre el discurso oficial y la realidad del gasto estatal.
Erazo criticó que el Gobierno destine casi 128 millones de lempiras a vehículos —muchos de ellos de alta gama— mientras promete austeridad y asegura priorizar sectores críticos como salud, educación y seguridad social.
“Este desembolso es un abuso del presupuesto público. Se invierten millones en carros de lujo cuando el país enfrenta carencias estructurales”, cuestionó.
El jurista extendió su crítica al Congreso Nacional, acusando a varios diputados de enriquecimiento y gastos discrecionales: viáticos, ceremonias y movilizaciones que, según él, tampoco responden a prioridades nacionales.
¿Compras sobrevaloradas? Los precios que levantan sospechas
La información divulgada indica que los vehículos fueron asignados a instituciones como:
• Secretaría de la Presidencia
• ENEE
• FHIS
• Ministerio Público
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Educación
• IHSS
• Instituto Hondureño de Antropología e Historia, entre otros.
Entre los automotores destacan pickups, camionetas Pathfinder, vehículos todoterreno, camiones, microbuses, ambulancias y motocicletas.
Precios que generan polémica:
• Pickups doble cabina: L 797,500
• Camionetas: más de L 1.6 millones
• Camiones: más de L 2 millones
• Microbuses: más de L 1 millón
• Ambulancias: entre L 1.8 y 2.2 millones
• Motocicletas: de L 39,000 a 58,000
• Una motocicleta adquirida por el Ministerio Público alcanzó casi L 207,000, cifra que ha generado fuertes cuestionamientos.
Estos números han sido interpretados por expertos como posibles indicios de sobrevaloración, un patrón ya observado en adquisiciones anteriores de administraciones públicas.
El Gobierno se defiende: “Todo es legal y transparente”
Ante la presión pública, el director de Bienes del Estado, Luis Sosa, negó de forma categórica la compra de vehículos de lujo y aseguró que todas las adquisiciones se realizaron con estricto apego a la ley.
“No se han autorizado vehículos de lujo. Si algo se hace mal, yo doy la cara. Pero les aseguro que se están cumpliendo las normas administrativas”, expresó.
Sosa ofreció entregar documentación para respaldar sus declaraciones y reiteró que los precios responden a criterios de necesidad y disponibilidad en el mercado.
Sin embargo, las explicaciones no han sido suficientes para contener la indignación ciudadana.
Indignación en redes: “Carros nuevecitos para campaña”
Un video viral amplificó la controversia: se observa una caravana de simpatizantes de Libre usando vehículos nuevos, algunos de ellos similares a los reportados en la polémica, portando banderas partidarias.
El ciudadano que grabó el video cuestionó duramente: “No hay medicina en los hospitales, no hay sillas en las escuelas, pero hay carros nuevecitos para la campaña de Rixi Moncada”.
Las imágenes han provocado una lluvia de críticas que apuntan al posible uso político-electoral de bienes públicos recién adquiridos.
Una polémica que sigue rodando
Aunque el Gobierno insiste en que las compras son legales y necesarias, el caso continúa acumulando indignación y exigencias de transparencia.
Organizaciones civiles, sectores académicos y la oposición ya solicitan investigaciones independientes para determinar si hubo abuso de recursos, sobrevaloración o desvío para actividades proselitistas.
La controversia pone en evidencia, una vez más, la distancia entre el discurso de austeridad del Ejecutivo y las decisiones reales de gasto que afectan directamente la confianza ciudadana.
