• Con la participación de diferentes actores se realiza hoy la socialización de la propuesta normativa que sería enviada al Congreso Nacional
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Agricultura Familiar aporta el 56% de los alimentos que consumen las y los hondureños, además representa el 75% del empleo rural. Por su gran importancia en el rubro agrícola, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) brinda apoyo técnico a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para la actualización del anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar.
Entre 2018 y 2019 se elaboró, mediante un proceso participativo con el Comité Nacional de Agricultura Familiar (CNAF), un primer anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar. A solicitud de la SAG, la FAO trabaja en la actualización y armonización con la legislación vigente de este documento, con el propósito de contar con un texto sólido que pueda ser presentado al Congreso Nacional de la República.
La Política de Estado del Sector Agroalimentario de Honduras (2023-2043) señala que más de medio millón de familias en el país practican la agricultura familiar para su propio sustento. Pero el potencial de la agricultura familiar va desde poder ser proveedor de los alimentos frescos para complementar la alimentación escolar, hasta abastecer los canales de comercialización del Estado a nivel nacional para garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos.
Sin embargo, la ausencia de una ley sobre Agricultura Familiar ha limitado dar continuidad y financiamiento al sector, así como establecer una rectoría clara, un mecanismo de coordinación intersectorial sólido que permita la efectividad de los programas y la garantía de derechos de las familias agricultoras.
“Es algo sumamente importante para Honduras, estamos haciendo una revisión final de una propuesta de ley sobre Agricultura Familiar del país que contempla aspectos que no han sido abordados antes, y que de alguna manera reconoce y revalúa la importancia que tiene el rol de la Agricultura Familiar, que es el responsable de brindar los alimentos en nuestro país y de generar una economía local-rural que permite la auto empleabilidad de las familias en el campo, y el rescate de la cultura alimenticia de cada zona”, señaló la Ministra de la SAG, Laura Suazo.
Este día se realizó la socialización del borrador del anteproyecto, actividad que tuvo la participación de organizaciones miembros de la CNAF como el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), el Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH), la Federación de Cooperativas Agropecuarias y Empresas Asociativas Campesinas de la Reforma Agraria de Honduras, Limitada (FECORAH), la Asociación Campesina Nacional (ACAN), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economia (COHDESSE), otros actores como el IICA, PMA, FUNDER y RiKolto, así también participaron instituciones del gobierno como el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).
El proceso de acompañamiento técnico de la FAO ha estado liderado por la Representante Residente de FAO en Honduras, Fátima Espinal, Magdalena Abarca, consultora y jurista internacional del Servicio de Derecho para el Desarrollo (LEGN) de la FAO en Chile, y Reina Rivera, abogada especialista en derecho y consultora de FAO en Honduras.
“Nos encontramos en el decenio de la Agricultura Familiar de las naciones Unidas, en esta década han sido múltiples los esfuerzos que se han realizado en Honduras, hay iniciativas que ya estaban en curso y necesitaban ser actualizadas como la propuesta del 2019, que en su momento fue realizada con el Comité Nacional de Agricultura Familiar y la SAG, sin embargo, en esa época no se hablaba del COVID, tampoco de la crisis de fertilizantes, o el impacto de fenómenos como ETA e IOTA y esos son elementos que daban la necesidad de volver sobre esa pieza legislativa y brindar un refrescamiento sobre aspectos que han impactado los sistemas agroalimentarios en el país y en el mundo”, detalló Espinal.
Por su parte, Magdalena Abarca destacó la importancia de fortalecer los marcos normativos de la Agricultura Nacional con miras a garantizar la mejora del Derecho a la Alimentación de todos y todas.
“Si la Agricultura Familiar tienen mejores condiciones de acceso a mercados, a compras públicas y si tiene más recursos productivos, no solamente estamos beneficiando a las economías rurales, a los circuitos cortos, sino que estamos beneficiando a todo un país, al derecho al acceso a una alimentación adecuada, la seguridad alimentaria, temas ambientales, mejoramos la resiliencia, mejoramos los circuitos de comercialización que tienen menor impacto, menor huella de carbono”, indicó.
En esa línea Reina Rivera apuntó que el nuevo anteproyecto recoge la experiencia previa en la legislación hondureña con la definición clara de los agricultores familiares, crea la figura de la Unidad Agrícola Familiar para constituir la adjudicación de tierras como núcleo familiar, además se integra enfoques de género, juventud, pueblos indígenas y originarios.
“Otro de los elementos es la arquitectura institucional, la SAG en esta ley va a tener un liderazgo muy fuerte como ente rector de la ley pero también de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar que está desde 2017, y la ley establece que esa estrategia debe actualizarse cada decenio y rendir cuentas sobre cómo se mejora la condición de vida de estas personas que son de las más pobres en Honduras”, explicó Rivera.
¿Sabías qué…?
La agricultura familiar desempeña un papel decisivo en la garantía de la seguridad alimentaria mundial. Con una generación de más del 80 % de la producción mundial de alimentos en términos de valor, las explotaciones familiares son cruciales para el desarrollo rural y para la creación de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles.
