TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una maratónica sesión, el Congreso Nacional aprobó la madrugada de este miércoles en tercer y último debate un total de 18 adendas a contratos de energía eléctrica, con el respaldo mínimo requerido, es decir, 56 votos, y en bloque, sin mayor análisis ni lectura detallada, y entre ellas el polémico y cuestionado contrato de Brassavola.
La acción legislativa es cuestionada por expertos y legisladores de oposición, quienes consideran que se ha obviado un examen riguroso de los contratos.
Desde el Gobierno y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se presentó la renegociación de los acuerdos como un beneficio para la ciudadanía, asegurando que permitirán una reducción en las tarifas del servicio. Sin embargo, especialistas en el sector eléctrico han puesto en duda la transparencia del proceso.
“El Congreso Nacional de la República a fin de beneficiar al pueblo hondureño y la economía del país aprobó este miércoles las adendas de renegociación de 18 contratos entre el Estado de Honduras y empresas generadoras de energía renovable y térmica”, celebró el Congreso Nacional en una nota de prensa.
Previo a la votación, distintos actores del ámbito técnico y político exigieron una revisión detallada de cada contrato y la socialización de los cambios.
De los 18 acuerdos aprobados, al menos seis son señalados como irregulares y con posibles repercusiones negativas para la población.
Sin embargo, pese a estas advertencias, el Legislativo avanzó con la ratificación sin modificaciones.
El diputado oficialista Jari Dixón defendió la aprobación de las adendas al considerar que permitirán una disminución en el costo de compra de energía a las empresas generadoras, lo que, según él, se traducirá en una reducción significativa en las facturas de los usuarios.
Desde el Congreso Nacional, se calificó la votación como un paso “histórico” que generará beneficios económicos para el país. Según cifras del oficialismo, el Estado hondureño logrará un ahorro anual de 2,295.4 millones de lempiras, alcanzando un total de 29,698 millones durante los 18 años de vigencia de los contratos.
El pueblo hondureño tendrá beneficios directos: tarifas más bajas y un sistema energético más estable y sostenible, disminución inicial del 4 por ciento y se reflejará en el próximo ajuste tarifario trimestral.
A largo plazo, se proyecta una reducción acumulada del 30 por ciento en las tarifas durante los 20 años de vigencia de los contratos, desglosó el Congreso Nacional.
Entre los acuerdos que han suscitado mayores cuestionamientos figuran los suscritos con Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. de C.V. (CECHSA), San Marcos Wind Energy S.A. de C.V. (Cololaca Total Energy) y Comercial LAEISZ Honduras S.A. de C.V. en sus proyectos Ceiba Térmica, San Isidro y Requleto.
Analistas advierten que estos contratos contienen disposiciones que podrían representar un impacto negativo para los consumidores. A pesar de los señalamientos, la decisión legislativa quedó aprobada y será responsabilidad de las autoridades del sector energético implementar los acuerdos y evaluar sus efectos en la economía nacional.
