TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó al Estado hondureño a “abstenerse de emitir pronunciamientos individualizados que directa o indirectamente intimiden a periodistas y medios de comunicación”, en defensa del derecho a la libertad de expresión.
La advertencia surge tras un comunicado emitido por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el pasado 21 de mayo, en el que descalifica como “falsas, temerarias e infundadas” las declaraciones del periodista Rodrigo Wong Arévalo.
El comunicador denunció presuntas transferencias de fondos desde la Sedena hacia la empresa Koriun, señalada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) por presuntos actos ilícitos que afectan a miles de ciudadanos.
En su comunicado, la Sedena —dirigida por la actual ministra y precandidata presidencial del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada— y las Fuerzas Armadas advirtieron que la “Ley de Emisión del Pensamiento” establece responsabilidades legales contra quienes abusen de la libertad de expresión “en perjuicio de la honra, reputación o intereses” de personas o instituciones.
Además, la entidad castrense aseguró no tener vínculo alguno con la empresa Koriun y afirmó unirse “a la exigencia de justicia contra quienes estén vinculados con esa empresa que ha actuado con ilegalidad e impunidad”.
Conadeh: “El Estado debe garantizar un entorno de crítica abierta”
En respuesta, el Conadeh, encabezado por Blanca Izaguirre, emitió un comunicado en el que recalca que la libertad de pensamiento y expresión es un pilar esencial del Estado de derecho, especialmente cuando se ejerce como mecanismo de veeduría social ante actos de la administración pública.
“El Estado debe garantizar un entorno donde la crítica a funcionarios tenga mayor amplitud”, afirmó el organismo, añadiendo que cualquier restricción a este derecho debe ser necesaria, justificada y proporcional.
Libertad de prensa en riesgo
El pronunciamiento del Conadeh coincide con la creciente preocupación de organismos nacionales e internacionales por la situación de la prensa en Honduras, donde ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo.
Según datos del propio Conadeh, más de 100 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados entre 2001 y 2025, y en más del 90 % de los casos reina la impunidad.
En este contexto, periodistas y defensores de derechos humanos han calificado el comunicado de la Sedena como una amenaza directa a la libertad de prensa, y han exigido respeto a los principios democráticos y garantías para el ejercicio periodístico.
