- La comisionada Blanca Izaguirre advierte que el uso político de recursos públicos en SEDESOL agrava la desigualdad y convierte la pobreza en una herramienta de manipulación electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, lanzó este viernes un contundente llamado de atención al Estado hondureño, al advertir que el desvío de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables constituye una violación directa a los derechos humanos, profundizando la pobreza, la desigualdad y la exclusión en el país.
Su pronunciamiento surge tras la divulgación de un video que vincula al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a una diputada del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en aparentes coordinaciones para entregar fondos públicos con fines proselitistas.
El caso, conocido como el “Cheque-Video”, ha generado indignación y ha puesto en entredicho la transparencia del gobierno de LIBRE en el manejo del erario.
“La corrupción no solo erosiona las instituciones; vulnera el derecho a la vida digna, a la alimentación, a la salud y al desarrollo, afectando de forma desproporcionada a quienes más necesitan del apoyo estatal”, alertó Izaguirre en el Comunicado No. 010-2025 emitido por el CONADEH.
Según el comunicado, los fondos públicos transferidos —con montos entre 100 mil y 163 mil lempiras— estaban destinados a personas en situación de vulnerabilidad, pero habrían sido utilizados para financiar eventos y actividades políticas.
Además, el CONADEH advierte que este esquema de manejo de fondos desde el Congreso Nacional contraviene la Constitución, al otorgar a los legisladores facultades ejecutivas que no les competen.
Este patrón, señaló Izaguirre, recuerda los cuestionamientos que hizo la extinta MACCIH sobre el uso indebido de recursos sociales por parte de diputados en gestiones anteriores.
“Cuando se manipulan fondos destinados a la asistencia social, no se combate la pobreza, se administra y se perpetúa con fines políticos, alimentando una estructura clientelar que erosiona la confianza ciudadana”, señala el documento.
El organismo de derechos humanos hizo un llamado firme a la institucionalidad del Estado para actuar con transparencia, rendición de cuentas y justicia.
Entre sus recomendaciones clave figuran:
- Que el Congreso Nacional exija informes detallados a todos los diputados que recibieron fondos de SEDESOL.
- Que el Ministerio Público realice una investigación seria, diligente e imparcial con enfoque de derechos humanos.
- Que el IAIP ordene la publicación completa de todos los cheques e información relacionada a la adjudicación de fondos.
Finalmente, el CONADEH reiteró que la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) es una medida imprescindible para garantizar la justicia, en un contexto donde la corrupción sigue afectando de manera estructural a las poblaciones más empobrecidas del país.
A continuación, ConfidencialHN reproduce el Pronunciamiento integro:
El CONADEH recomienda a la institucionalidad estatal a contribuir a la investigación penal en la ejecución de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social
Comunicado No. 010-2025
La Titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Abg. Blanca Saraí Izaguirre, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio; ante las presuntas irregularidades del desembolso y distribución de fondos públicos ejecutados por la Secretaría de Estado en el Desarrollo Social (SEDESOL), se pronuncia en los términos siguientes:
1. En junio de 2025, se publicó un video mediante el cual el titular de la SEDESOL y una diputada del Congreso Nacional sostenían una llamada telefónica respecto del uso de fondos públicos adjudicados a terceros con montos entre L. 100,000.00 y L. 163,000.00 aproximadamente. De acuerdo a las denuncias públicas, dichos fondos debían ser utilizados a favor de personas colocadas en situación o condición de vulnerabilidad, sin embargo, habrían sido transferidos para financiar eventos y actividades políticas.
2. Al respecto, el CONADEH señala que la corrupción constituye uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta el Estado de Honduras en materia de Estado de Derecho, Institucionalidad y Derechos Humanos. De acuerdo a las ultimas 05 evaluaciones del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Honduras es uno de los países con mayores niveles de corrupción a nivel mundial y el cuarto país peor evaluado en las Américas.
3. Dada su naturaleza, la corrupción se constituye – principalmente – por el uso abusivo o desviado del poder delegado en una autoridad pública en donde se prioriza el interés particular por sobre el colectivo o nacional y cuyo beneficio ilícito no se limita al que incurre en el acto sino también en terceros.
Además, sus impactos son múltiples y sus víctimas son todas las personas en Honduras y afecta de manera diferenciada a aquellas para quienes los fondos públicos deberían beneficiar, por lo cual, la comisión de actos de corrupción afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos y con ello, configura violaciones a éstos.
4. Tomando en consideración los antecedentes históricos y que los involucrados son el titular de la SEDESOL y una diputada del Congreso Nacional, el CONADEH advierte que la ejecución de fondos por parte de congresistas del Poder Legislativo dista en relación a la función para el cual fue constituido dicho Poder del Estado y que – en términos de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH)– dicha atribución contraviene la Constitución de la República al apropiarse de funciones que corresponde al Poder Ejecutivo y sus dependencias.
5. Por otra parte, el CONADEH señala que, debido a la naturaleza y público objetivo de los fondos, la presunta manipulación del erario público – lejos de mejorar su situación socio-económica – contribuye a agravar la desigualdad social, aumentar la pobreza, limitar el desarrollo nacional y erosionar la confianza de las personas en los proyectos de asistencia social. Además, la distribución inadecuada de estos fondos se traduce en una herramienta de coacción política que perpetúa los círculos de dependencia política y fomenta las prácticas fraudulentas y clientelares.
6. En ese sentido, el CONADEH denota la importancia de que las instituciones del Estado, conforme a sus competencias, contribuyan al avance sustancial en el cumplimiento de las medidas necesarias para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) en el entendido que significa un compromiso imprescindible por la justicia en razón de la dignidad humana de cada persona hondureña.
7. Por tanto, en el marco de sus facultades legales, el CONADEH recomienda:
• Al Congreso Nacional: a) Ordenar, en un plazo no mayor de 15 días, que las y los diputados que han recibido fondos provenientes de la SEDESOL para la ejecución de proyectos sociales, rindan un informe individual detallado que incluya mínimamente el monto total asignado, el monto efectivamente ejecutado, el listado de personas beneficiadas debidamente desagregado, así como la documentación soporte que respalde tanto la ejecución de los fondos como la verificación de que las personas se encontraban en situación de vulnerabilidad al momento de recibir la prestación social.
• Al Ministerio Público: a) Ejecutar una investigación seria, exhaustiva, imparcial, diligente y con enfoque de derechos humanos, en la que medie la utilización de todos los recursos técnicos y legales disponibles, a fin de determinar la verdad de los hechos y la imputación adecuada de los delitos de las personas involucradas, incluyendo a quienes se habrían beneficiado de los fondos sin que mediara justa causa; y,
• Al Instituto de Acceso a la Información Pública: a) Ordenar a la SEDESOL y garantizar la publicación inmediata y completa de los cheques emitidos y la información relativa a la adjudicación de los fondos públicos; b) Realizar un doble respaldo de la documentación relevante al caso de mérito.
