TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) emitió una alerta temprana con la que “hace referencia que se han presentado indicios de corrupción que han tenido un impacto perjudicial en el sistema penitenciario al facilitar la entrada de armas, drogas y otros artículos ilegales, lo que agrava la inseguridad y socava el control efectivo en los centros penitenciarios”.
Aquí el Comunicado integro 👇🏻
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) emitió hoy una “alerta temprana” en la que advierte a diferentes instituciones estales, organismos internacionales y a la población en general, sobre acciones que afectan de manera significativa los derechos de las personas privadas de libertad.
La Alerta Temprana No.004-23 recuerda el deber que tiene el Estado hondureño de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia y la necesaria implementación de protocolos de emergencia, protección y prevención en los centros penitenciarios a nivel nacional.
El CONADEH constató que, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y demás centros penitenciarios carecen de personal para el respectivo control interno, lo cual los limita en su accionar para mitigar reyertas, amotinamientos o incendios, con precarios controles de registros, lo que desencadena en una situación de vulnerabilidad y exposición de las personas privadas de libertad.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre dijo que resulta primordialmente oportuno recordar que el Sistema Penitenciario enfrenta un problema estructural que se ha agudizado progresivamente.
Indicó que causas como la falta de inversión, la sobrepoblación, la corrupción, la violencia y las condiciones inadecuadas, han generado una crisis en el sistema penitenciario, poniendo en riesgo los derechos humanos y la seguridad de las personas privadas de libertad.
Recordó que el país incurre en responsabilidad internacional cuando se vulneran los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como quedó evidenciado el 27 de abril de 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Honduras responsable por la muerte de 107 internos en el Centro Penal de San Pedro Sula, con motivo del incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004.
Además, expresó su preocupación por la serie de desafíos significativos que los centros penitenciarios enfrentan en cuanto a infraestructura, financiamiento, operatividad y protección de derechos humanos.
Agregó que la carencia de recursos económicos y humanos se han convertido en una barrera fundamental cuyos resultados derivan en infraestructuras inadecuadas, provocando el hacinamiento desmesurado, la carencia de servicios básicos y programas de reinserción y rehabilitación inefectivos.
En la Alerta Temprana, el ente estatal hace referencia que se han presentado indicios de corrupción que han tenido un impacto perjudicial en el sistema penitenciario al facilitar la entrada de armas, drogas y otros artículos ilegales, lo que agrava la inseguridad. A eso se suma la presencia de grupos del crimen organizado dentro de estos establecimientos que da lugar a niveles alarmantes de violencia, generando un ambiente propicio para enfrentamientos armados.
Esas deficiencias estructurales han creado un entorno penitenciario que desfavorece el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y del personal de los centros penitenciarios en Honduras, según el CONADEH.
El ente estatal de derechos humanos recordó al Poder Ejecutivo que el Estado debe garantizar de manera urgente políticas públicas integrales que aborden aspectos como la reinserción, el hacinamiento y la violencia en los centros penitenciarios.
Al Instituto Nacional Penitenciario, el CONADEH le instó a llevar a cabo evaluaciones completas de la infraestructura de los centros penitenciarios para identificar y corregir deficiencias que pongan en riesgo la seguridad, como el mantenimiento y reparación de equipos contra incendios.
En lo que respecta a la Secretaría de Defensa Nacional, le exhortó a implementar medidas de seguridad efectivas en los centros penitenciarios como la instalación de sistemas de detección y extinción de incendios, cámaras de vigilancia, detectores de metales, sistemas de control de acceso para prevenir situaciones de emergencia, amotinamientos y garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad.
Además, preparar a los custodios con el objetivo de brindarles los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para desempeñar su labor de manera efectiva y segura.
En la alerta, el CONADEH recomienda al Ministerio Público llevar a cabo una investigación exhaustiva de los incidentes ocurridos en los centros penitenciarios, como incendios y violaciones de derechos humanos. Investigación que debe realizarse con enfoque de género e identificar a los responsables, ya sea por acción u omisión y se apliquen las sanciones correspondientes a aquellos que hayan incurrido en violaciones de derechos humanos.
Al Cuerpo de Bomberos de Honduras solicita realizar evaluaciones de riesgos de incendio en los centros penitenciarios de manera periódica y tomar en cuenta medidas preventivas para reducirlos.
La población bajo custodia en los centros penales del país ronda las 19,563 personas. Se estima que la sobrepoblación es de 3,860 y que, al menos, 20 instalaciones penitenciarias rebasan su capacidad.
En las últimas dos décadas, los centros penitenciarios en Honduras ha sido escenario de una serie de eventos trágicos, como incendios, enfrentamientos y amotinamientos, que han tenido un impacto directo en los derechos de las personas privadas de libertad. Se estima que, al menos, 1,050 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente desde el año 2003.
El 20 de junio de 2023, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), fue escenario de un hecho violento que dejo, al menos, 46 mujeres muertas.
Las Alertas Tempranas emitidas por el CONADEH tienen por objetivo impulsar acciones de prevención desde una perspectiva humanitaria, de derechos humanos y con un enfoque de seguridad humana que permita evitar daños irreparables en los derechos y condiciones de vida de las personas.
