TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó al Estado hondureño garantizar el ejercicio de la defensa de los pueblos aborígenes, del territorio y del medio ambiente, a través de medidas sustanciales encaminadas a proteger la vida e integridad física de sus defensores.
En los últimos años, la criminalización hacia los defensores que buscan proteger la tierra, los ecosistemas y sus territorios, se ha convertido en un peligro tanto para ellos como para sus familiares, por la grave situación de violencia que se vive en el país y que desde el 2022 dejo más de 30 muertes violentas.
El Conadeh hizo eco del criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en su último informe país señala que el Estado hondureño continúa siendo uno de los países más peligrosos del continente, y del mundo, para la defensa de los derechos humanos.
Los defensores de derechos humanos enfrentan una “situación de extremo riesgo debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra buscando silenciar sus causas”.
Tras el hecho violento, ocurrido el pasado 14 de septiembre de 2024, en el que perdió la vida el defensor del ambiente Juan López, el Conadeh recomendó, al Estado de Honduras, realizar una investigación oportuna, independiente, imparcial y exhaustiva.
Asimismo, que se tome en cuenta, en todo momento, los más altos estándares internacionales relativos a la debida diligencia en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos.
La situación de violencia es alarmante, se estima que entre el 2022 y el 2024, más de 30 defensores de los pueblos originarios, la tierra, los territorios, así como defensores del ambiente murieron violentamente.
Durante este mismo periodo, una decena de departamentos del país fueron escenario de la muerte de defensores de la tierra, del territorio, de los pueblos originarios y del ambiente, sin embargo, alrededor del 79 % de los casos se registra en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro.
Estado hondureño culpable por la muerte violenta de ambientalistas
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CORTE IDH) condenó al Estado de Honduras por el caso de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas, asesinada por sicarios el 6 de febrero de 1995. Kawas era presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), tenía 48 años, cuando fue asesinada de un balazo, en su casa.
En el caso de Carlos Escaleras, fue un reconocido defensor del ambiente y de los derechos humanos. Fue asesinado el 18 de octubre de 1997 en Tocoa, Colón, por sujetos que lo esperaron en su negocio y luego dispararle hasta quitarle la vida. En julio de 2014 la Corte IDH concluyó que el Estado de Honduras era responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad de asociación y derechos políticos en perjuicio de Escaleras.
El tercer caso es el de Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho. El 18 de mayo de 1998, cerca de las 10:45 de la noche, fue herido de muerte por disparos de arma de fuego al salir de la municipalidad, donde se llevaba a cabo una reunión. Murió mientras era trasladado a una clínica. En cumplimiento a la sentencia emitida el 10 de octubre de 2013 por parte la CIDH, el Estado de Honduras, pidió perdón a los familiares del ambientalista.
