Mediante un comunicado emitido por El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió hoy, al Estado hondureño, que la construcción de establecimientos penitenciarios en territorios habitados por pueblos indígenas requiere de la participación previa, libre e informada de dichas comunidades, para prevenir violaciones a sus derechos humanos.
“El CONADEH observa con preocupación que, dentro de uno de los territorios identificados para la construcción de estos establecimientos penitenciarios, se encuentra habitado por los pueblos indígenas Miskitu, Tawaka y Pech”, dijo la Defensora del Pueblo, Blanca Izaguirre.
Advirtió que, la adopción de una medida de esta naturaleza requiere de la participación previa, libre e informada de los pueblos indígenas, pues involucra sus tierras, territorios y recursos naturales, lo cual puede comprometer sus derechos humanos, tomando en cuenta la relación profunda y omnicomprensiva que estos tienen con sus tierras ancestrales.
Recomendó, al Estado hondureño, la necesidad de mejorar las instalaciones penitenciarias existentes, garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
Además, que se implementen estrategias de prevención y tratamiento de la violencia y diseñar e implementar un plan nacional para reducir el hacinamiento y disminuir sus efectos.
El pasado 22 de marzo, del presente año, el director de la Policía Nacional anunció la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en la Isla del Cisne y entre la montaña de Patuca y Gracias a Dios, que tendrían una capacidad para 1,500 personas privadas de libertad que estarían recluidas bajo aislamiento.
COMUNICADO NO. 21-03-2023
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH o el Comisionado) como Institución Nacional de Derechos Humanos del Estado de Honduras, con facultades constitucionales y legales, y con independencia de los poderes del Estado y otros sectores de la sociedad, ante el anuncio de la construcción de dos nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad, se pronuncia en los siguientes términos:
1.El CONADEH toma nota que, el 22 de marzo del 2023, el director de la Policía Nacional anunció la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en la Isla del Cisne y entre la montaña de Patuca y Gracias a Dios que tendrían una capacidad para 1,500 personas privadas de libertad que estarían recluidos bajo aislamiento.
2.En este contexto, el CONADEH recuerda, al Estado de Honduras, su deber internacional de asegurar que las condiciones de reclusión de todas las personas, en todos los establecimientos penitenciarios del país, se ajusten a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).
3.Así, el Comisionado hace énfasis en la regla 59, que indica: “En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o su lugar de reinserción social”. De esta forma, el CONADEH destaca la importancia del derecho de las personas privadas de libertad de tener contacto con sus familiares, para facilitar la transición de la prisión a la sociedad una vez que cumplan su condena.
4.Adicionalmente, el CONADEH observa con preocupación que, dentro de uno de los territorios identificados para la construcción de estos establecimientos penitenciarios, se encuentra habitado por los pueblos indígenas Miskitu, Tawaka y Pech. Por lo tanto, el Comisionado advierte que, la adopción de una medida de esta naturaleza requiere de la participación previa, libre e informada de dichos pueblos pues involucra sus tierras, territorios y recursos naturales, lo cual puede comprometer sus derechos humanos, tomando en cuenta la relación profunda y omnicomprensiva que estos tienen con sus tierras ancestrales.
Finalmente, en CONADEH reafirma que el Estado de Honduras debe mejorar las instalaciones penitenciarias existentes, garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad, implementar estrategias de prevención y tratamiento de la violencia y diseñar e implementar un plan nacional para reducir el hacinamiento y disminuir su efecto.
