TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) emitió un documento, en el que señala que, en más de 800 días bajo estado de excepción, en Honduras, se han registrado más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, por lo que solicitó que se recomiende al Estado de Honduras que cese esa medida ya que lejos de generar efectos positivos propicia, violaciones a los derechos humanos.
La Institución Nacional de Derechos Humanos de Honduras solicitó que se recomiende, al Estado de Honduras, cese el estado de excepción y se adopte una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género que aborde los problemas estructurales del país y solucione las causas que le subyacen.
Además, que se adopte un registro de detención oficial, centralizado, accesible y actualizado para todas las personas en el que se incluya los datos mínimos de detención a la luz de los estándares de derechos humanos, con el objetivo de prevenir la desaparición forzada de personas.
Derechos humanos
El documento, que es una contribución escrita del CONADEH con ocasión del IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos al que el Estado de Honduras es sometido, se plasman sus principales observaciones y preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Honduras y el estatus de las recomendaciones formuladas por los Estados Parte, en el 2020.
En el mismo se detalla que, desde diciembre de 2022, el CONADEH ha destinado esfuerzos en monitorear esta situación, de tal forma que se han registrado más de 800 quejas, a nivel nacional, por las intervenciones de agentes estatales en el marco del estado de excepción.
Añade que las denuncias están relacionadas principalmente con detenciones arbitrarias, incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robo o pérdida de objetos, destrucción de propiedad privada e incluso violencia sexual.
En ese contexto, el CONADEH señala que ha emitido informes temáticos, boletines y comunicados públicos en los que reitera que dicha medida no es la adecuada para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común y que, más allá de generar efectos positivos, propicia, violaciones de derechos humanos, incluyendo el registro de potenciales desapariciones forzadas.
Denuncias
Las denuncias registradas, en el CONADEH, coinciden con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, por ejemplo, se han procesado penalmente a oficiales de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y agentes de la Dirección Policial Antimara y Pandillas (DIPAMPCO).
Dichos procesos penales fueron incoados por suponerlos responsables de delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, asociación para delinquir, falso testimonio, abuso de autoridad, allanamiento de morada, robo, entre otros, todo ello debido a sus intervenciones durante el estado de excepción.
El CONADEH ha sido enfático, públicamente, tanto a nivel nacional como internacional, al señalar que la suspensión de garantías no es la medida adecuada para combatir la criminalidad organizada, ya que no aborda los problemas que subyacen a este flagelo y que la figura del estado de excepción ha sido desnaturalizada, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado.
Estado de Excepción
El ente estatal ha recomendado reiterativamente, al Poder Ejecutivo, abstenerse de prorrogar la medida en tanto esta no se ajuste a los principios de legalidad, proporcionalidad e idoneidad.
Por su parte, al Congreso Nacional, le ha recomendado realizar el control legislativo para modificar, ratificar o improbar los decretos ejecutivos.
Mientras que, a la Corte Suprema de Justicia, a realizar de manera oficiosa un examen de legalidad sobre los decretos de prórroga que no siguen el procedimiento constitucional.
En general, el CONADEH ha recomendado, a las autoridades competentes, crear una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género que permita avanzar hacia soluciones duraderas con un abordaje holístico que permita corregir paradigmática y estructuralmente la realidad sobre la violencia en el país.
Criminalidad
Uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta Honduras son los altos índices de criminalidad y violencia, principalmente, la que proviene del crimen organizado.
En respuesta a esta problemática, el Estado de Honduras ha adoptado diferentes medidas que no han resultado eficaces y que son contrarias a los derechos humanos como la militarización de la seguridad ciudadana a través de la creación de la Policía Militar del Orden Público que está vigente desde el 2013.
Adicionalmente, el 06 de diciembre de 2022, el Gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022 para declarar el estado de excepción que limita las garantías y derechos constitucionales de libertad personal, libertad de asociación y reunión, derecho a la circulación, protección contra la detención arbitraria, rendición de caución y, la inviolabilidad del domicilio. Todo ello, bajo la justificación de combatir el crimen organizado y la delincuencia común.
Hasta la fecha, el referido Decreto ha sido prorrogado por otros 18 decretos, lo que indica que se han computado más de 800 días bajo estado de excepción. Además, múltiples decretos de prórroga han omitido el proceso constitucional de modificación, ratificación o improbación del Congreso Nacional y han sido publicados directamente en el Diario Oficial La Gaceta.
