TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) cuestionó el alto grado de inseguridad que se vive al interior de los centros penales al que se sumó hoy la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde preliminarmente se informó de la muerte de 41 personas, en circunstancias violentas.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y condenó el hecho donde se violentó la integridad personal y el derecho a la vida de casi medio centenar de personas.
Asimismo, solicitó a las autoridades penitenciarias investigar a profundidad y sancionar a las personas que permitieron de los materiales utilizados en este hecho sangriento, así como identificar a los autores de este hecho lamentable.
Desde tempranas horas, de este martes, la titular del CONADEH giró instrucciones para que miembros de la Delegación Regional Centro Oriente y de la Defensoría de Privados de Libertad de este ente estatal, se apersonaran a la PNFAS para sumarse a los esfuerzos encaminados a evitar la pérdida de más vidas humanas.
Los constantes hechos violentos, en los distintos centros penitenciarios del país, solo reflejan la falta de seguridad y que no se garantizan adecuadamente los derechos humanos de esa población, indicó.
Agregó que, el Estado hondureño, a través de sus diferentes autoridades, tienen que actuar siempre para proteger la seguridad de las personas que están privadas de su libertad, ya que es su responsabilidad.
La Defensora de los Derechos Humanos expresó su preocupación por el reiterado incumplimiento, por parte del Estado de Honduras, en asegurar las garantías fundamentales y el respeto a la dignidad inherente de las personas privadas de libertad en el país, a pesar que Honduras forma parte de tratados y convenios internacionales sobre el tema.
Les recordó a las autoridades hondureñas que el país incurre en responsabilidad internacional cuando se violan los derechos humanos de los privados de libertad por lo que recomendó, garantizar la seguridad apropiada al interior de los centros penitenciarios, para evitar que se repitan las riñas, lesiones y muertes.
Se estima que, al menos, 1,050 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente en los centros penitenciarios de Honduras, desde el año 2003.
El 27 de abril de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica declaró al Estado de Honduras responsable por la muerte de 107 internos privados de libertad, con motivo del incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en la bartolina o celda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula.
