- PIA asegura que los trabajos llevan más de dos años sin mantenimiento y que se requieren al menos 1.5 millones de dólares solo para un estudio de puesta a punto
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El representante legal de Palmerola International Airport (PIA), Erick Spears, desmintió en las últimas horas las declaraciones del titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, sobre la supuesta entrega de obras complementarias del aeropuerto al concesionario.
En una entrevista, Spears manifestó que las obras llevan entre dos a tres años en abandono y que, hasta la fecha, la concesionaria no ha recibido acceso para evaluarlas ni ponerlas en funcionamiento.
“Ojalá fuera cierto que las obras estuvieran a punto, pero llevan dos a tres años de abandono. No sabemos qué problemas presentan, no nos dan acceso, y todavía no hemos recibido pago por obras traspasadas en gobiernos anteriores”, declaró el ejecutivo.
Según PIA, solo el estudio de puesta a punto de las instalaciones requeriría una inversión estimada de 1.5 millones de dólares, lo que contradice la versión oficial que asegura que en un lapso de 15 días podrían quedar operativas.
Spears enfatizó que, hasta el momento, no existe un consenso formal entre el Estado y el concesionario, por lo que PIA no puede avalar las declaraciones del ministro Pineda.
“Estas obras le corresponden al Estado y su puesta a punto también debería ser responsabilidad del Estado”, puntualizó.
La versión oficial
El ministro de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, había señalado recientemente que las 17 obras complementarias del aeropuerto —incluyendo luces de pista, sistema de aeronavegación y torre de control— ya fueron recibidas por el Estado y que serían traspasadas al concesionario.
De acuerdo con Pineda, el costo de la puesta a punto rondaría poco más de un millón de dólares, dentro de un proyecto total valorado en 24 millones de dólares.
El funcionario también aseguró que el gobierno mantiene la intención de recuperar el aeropuerto de Toncontín, actualmente bajo la operación de la misma concesionaria.
La discrepancia entre ambas versiones ha abierto un nuevo debate sobre el manejo de la infraestructura aeroportuaria en el país, en particular sobre el rol y las responsabilidades del Estado frente al concesionario.
