- La abogada Ruth Lafosse advierte que la postura de Marlon Ochoa crea un “veto fáctico” que paraliza al CNE y contradice la Ley Electoral; decisiones como la verificación de actas se toman por mayoría, no por unanimidad
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La constitucionalista y analista política Ruth Lafosse ofreció este lunes un análisis detallado sobre la controversia que sacude al Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que el consejero propietario Marlon Ochoa se opusiera públicamente a la verificación de actas como parte del proceso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
“La ley no permite reinterpretar arbitrariamente el concepto de ‘consenso’ como si fuera sinónimo de unanimidad”, explicó Lafosse, al tiempo que aclaró que dicha confusión —o manipulación— está en el centro del conflicto que ha paralizado decisiones clave dentro del órgano electoral.
Según la experta, los conceptos de “consenso” y “unanimidad” no son equivalentes, ni desde una perspectiva legal ni política.
“La unanimidad implica acuerdo absoluto entre los tres consejeros; en cambio, el consenso permite avanzar con mayoría simple, mientras no haya un veto formal y argumentado”, detalló.
Mayoría simple, no veto de uno solo
Lafosse subrayó que el artículo 279 de la Ley Electoral exige consenso únicamente para la divulgación de los resultados preliminares del TREP, no para las decisiones técnicas o administrativas previas como la verificación de actas.
En ese sentido, sostuvo que la negativa de un solo consejero no puede frenar el proceso: “Pretender que ‘consenso’ equivalga a ‘unanimidad’ crea un poder de veto fáctico en manos de un solo consejero, lo cual viola el principio de mayoría y paraliza la institucionalidad electoral”, alertó.
Además, recordó que el artículo 280 de la misma ley establece que las decisiones del CNE se adoptan por mayoría simple, salvo contadas excepciones. Por tanto, la verificación de actas, como etapa técnica-administrativa, no requiere unanimidad.
No cabe retractarse tras una votación formal
En su análisis, Lafosse también puso en duda la validez de cualquier intento de “retractación” de decisiones ya votadas. Señaló que el consejero Marlon Ochoa aprobó en su momento el pliego de condiciones para la licitación del TREP, lo que lo vincula jurídicamente con el proceso.
“Cambiar de postura después de haber votado no invalida la decisión ni afecta su legitimidad. Ese acto tiene efectos vinculantes. La ley no permite retractaciones arbitrarias”, recalcó.
Finalmente, advirtió que el principio de buena fe administrativa y coherencia institucional obliga a los funcionarios públicos a sostener la validez de los actos en los que participaron, especialmente cuando ya se ejecuta el cronograma electoral.
Por tanto, concluyó, cualquier oposición posterior podría interpretarse más como una maniobra política que como una objeción legal o técnica válida.
El pronunciamiento de la jurista se da en medio de una creciente tensión dentro del CNE, cuando apenas faltan meses para las elecciones generales de 2025, y en un momento clave para definir el rumbo del proceso electoral.
