- Cinco partidos respaldan medidas fiscales y de servicios por tres meses, mientras amnistía vehicular tendrá vigencia de dos años y la migratoria se extiende hasta diciembre de 2026
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche de ayer martes, con el respaldo de cinco partidos políticos, un paquete de ocho amnistías fiscales y de servicios públicos con una vigencia general de tres meses, sobresaliendo la amnistía vehicular, que permitirá durante dos años la importación y nacionalización de vehículos modelo 2010 hacia atrás mediante un pago único de 10 mil lempiras, y la amnistía migratoria, que tendrá una duración excepcional hasta el 31 de diciembre de 2026.
La votación multipartidaria incluyó exoneraciones de multas, recargos e intereses en tributos municipales, energía eléctrica, agua potable y saneamiento, servicios de Hondutel, obligaciones tributarias y migratorias.
La iniciativa fue aprobada de forma acelerada luego de que el diputado nacionalista Milton Puerto Oseguera solicitara la dispensa de los dos primeros debates, logrando mayoría absoluta en el pleno.
Amnistía municipal y de servicios básicos
La amnistía municipal exonera cargos por mora —multas, recargos, intereses, sobretasas y otros— acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025 en las 298 alcaldías del país, tanto para personas naturales como jurídicas.
Durante el período de vigencia, los contribuyentes podrán cancelar tributos, tasas y contribuciones sin pagar accesorios, incluso si las deudas se encuentran en la vía administrativa o judicial.
En materia energética, la amnistía exonera por dos meses multas, recargos e intereses adeudados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hasta finales de 2025, siempre que los usuarios paguen el consumo principal y se acojan a convenios de pago.
Medidas similares aplican para agua potable y saneamiento, beneficiando a usuarios con saldos pendientes con proveedores estatales, municipales, comunitarios o concesionados.
Asimismo, la amnistía de Hondutel permitirá a personas naturales, jurídicas e instituciones públicas ponerse al día en pagos pendientes sin multas ni sanciones, mediante convenios de pago o mecanismos de compensación en el caso del sector público.
Amnistía tributaria y vehicular
En el ámbito fiscal, la amnistía tributaria elimina multas, recargos e intereses por declaraciones extemporáneas correspondientes a los años 2020 a 2024, período marcado por la pandemia, inflación y crisis económica que afectaron la capacidad de pago de contribuyentes y empresas.
No obstante, la amnistía vehicular se perfila como la más impactante. La norma autoriza, por dos años, la importación, nacionalización y registro de vehículos con o sin placas extranjeras, sin importar su origen, permitiendo regularizar unidades que ingresaron de forma irregular o permanecían sin registro.
Para los vehículos modelo 2010 hacia atrás, se establece un pago único de 10 mil lempiras, monto que se incorporará a la matrícula vehicular 2026, muy por debajo de los costos tradicionales de nacionalización.
Además, los propietarios con deudas ante el Instituto de la Propiedad podrán cancelar la Tasa Única Anual, tasas registrales y viales municipales sin multas ni sanciones, abriendo una ventana masiva de regularización del parque automotor.
Amnistía migratoria con vigencia excepcional
La amnistía migratoria, impulsada por la diputada Nazareth Velásquez Ordóñez (Choluteca), suspende temporalmente la multa administrativa a migrantes en tránsito por Honduras en condición irregular.
A diferencia del resto de amnistías, esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, reconociendo el carácter estructural del fenómeno migratorio regional.
La normativa exige el registro biométrico y de control al ingreso al país, permitiendo a las autoridades mantener trazabilidad de los flujos migratorios, al tiempo que se suspenden multas acumuladas a quienes ingresaron irregularmente en períodos anteriores.
Consenso político y efectos esperados
El respaldo de cinco fuerzas políticas evidencia coincidencia legislativa sobre la necesidad de aliviar la carga económica de ciudadanos y empresas tras años de crisis.
Sin embargo, la dispensa de debates redujo la socialización del impacto fiscal que estas exoneraciones podrían generar en ingresos de municipalidades y empresas estatales.
Especial atención genera la amnistía vehicular, que podría incrementar significativamente el ingreso de vehículos usados, con posibles efectos en la saturación del parque automotor y en la seguridad vial, aunque al mismo tiempo permitirá legalizar miles de unidades que hoy circulan sin control documental.
Con una ventana de tres meses para la mayoría de las amnistías, el Congreso apuesta a una rápida regularización de deudas morosas, sacrificando ingresos por multas e intereses a cambio de recuperar tributos principales que, hasta ahora, resultaban incobrables.
