Congreso aprueba reformas que blindan el sistema financiero hondureño contra el lavado de activos

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• El paquete legislativo modifica cuatro leyes, incorpora controles para las criptomonedas y amplía la supervisión sobre distintos sectores económicos, en un esfuerzo por evitar que Honduras ingrese a la lista gris del GAFI.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –

El Congreso Nacional aprobó este martes, en tercer y último debate, un amplio paquete de reformas legales para fortalecer la prevención, detección, investigación y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en Honduras.

La iniciativa, respaldada por la mayoría de los diputados presentes, comprende modificaciones y adiciones a cuatro legislaciones vigentes, con el propósito de adecuar el marco jurídico nacional a los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Uno de los principales objetivos de la reforma es evitar que Honduras sea incluida en la denominada lista gris del GAFI, una situación que podría elevar el riesgo financiero del país y generar dificultades en sus relaciones con la banca internacional.

Durante la discusión legislativa, el diputado liberal Marlon Lara calificó la aprobación como positiva y advirtió sobre las consecuencias que podría enfrentar el sistema financiero hondureño si los bancos corresponsales internacionales deciden restringir sus operaciones o cancelar relaciones con instituciones nacionales.

“Esto es algo bueno para el país”, expresó Lara, al señalar que la armonización de las normas permitirá generar mayor confianza y certeza sobre el origen de los recursos que circulan en la economía hondureña.

Criptomonedas y mayores controles financieros 

Entre los cambios más importantes destaca la incorporación, por primera vez, de un marco regulatorio para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que incluye plataformas de intercambio y billeteras de criptomonedas.

Estos operadores deberán registrarse y cumplir obligaciones de identificación, verificación y transmisión de información de sus usuarios durante las operaciones. Para ello, se crea el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (REPSAV).

La reforma también amplía las obligaciones de supervisión y reporte para abogados, notarios, contadores, empresas inmobiliarias y comerciantes dedicados a la compra y venta de vehículos, sectores que deberán aplicar controles cuando participen en determinadas operaciones financieras y corporativas.

Otro de los cambios establece que el monto obligatorio para declarar dinero en efectivo en las aduanas aumenta de 10,000 a 15,000 dólares, de acuerdo con el estándar internacional explicado durante el debate legislativo.

Asimismo, se incorpora la prohibición del denominado de-risking, con el propósito de evitar que bancos, cooperativas y financieras excluyan injustificadamente a clientes por factores como estar sujetos a una investigación, contar con un reporte de operación sospechosa o tener la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP).

Cambios en la incautación y recuperación de bienes 

El paquete legislativo también introduce modificaciones a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con disposiciones orientadas a corregir problemas relacionados con la administración y conservación de bienes incautados.

Entre los aspectos incorporados figura la protección de determinados inmuebles destinados a vivienda familiar, así como la obligación de que las medidas cautelares sean razonables, justificadas y proporcionales, privilegiando aquellas que resulten menos restrictivas para los derechos de los afectados.

Durante el debate, el diputado de Libre Marco Ramiro Lobo manifestó algunas reservas sobre los posibles efectos de estas disposiciones, aunque destacó como aspectos positivos la eliminación de la presunción de ilicitud y la protección al tercero de buena fe.

Por su parte, el presidente de la comisión especial de dictamen, Mario Pérez, explicó que el documento aprobado incorporó sugerencias y observaciones de diputados de diferentes bancadas, surgidas durante las reuniones de trabajo.

Un nuevo paso en el fortalecimiento legal 

Las reformas abarcan la Ley Especial contra el Lavado de Activos, la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y la Ley del Sistema Financiero.

La aprobación representa un segundo paquete de medidas legislativas orientadas a reforzar los controles financieros del país, después de que el pasado 16 de junio el Congreso Nacional aprobara la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, que busca identificar a las personas naturales propietarias de sociedades mercantiles.

Con estas modificaciones, Honduras busca fortalecer sus mecanismos de control sobre los recursos de origen ilícito, cerrar espacios utilizados para el lavado de dinero y mantener su acceso al sistema financiero internacional.

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