TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio del deteriorado clima de confianza en el Congreso Nacional, el exfiscal general del Estado y exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, ha encendido una nueva alarma jurídica y política.
Esta vez, sobre la omisión en la aprobación de actas legislativas, un procedimiento formal que —pese a su carácter rutinario— podría tener implicaciones legales más profundas de lo que algunos diputados parecen asumir.
Desde su cuenta en la red social X, Orellana formuló dos interrogantes que ponen en entredicho el cumplimiento del artículo 10-A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que define expresamente la aprobación de actas como parte de la función legislativa.
“¿Cómo debe tomarse lo dispuesto en el art. 10A (…)?”, cuestionó el jurista, sugiriendo que esta aparente omisión no es un simple descuido administrativo, sino un posible incumplimiento de funciones constitucionales.
En su segunda intervención, fue aún más directo:
“Según lo previsto en el último párrafo del art. 10A, ¿se puede entender, a contrario sensu, que existe responsabilidad por no ejercer la función legislativa como se ordena en dicho artículo?”
La pregunta no es menor. En un contexto donde la aprobación de actas ha sido utilizada como arma de control político, el señalamiento de Orellana va al fondo del problema: si no se aprueban las actas, las decisiones legislativas quedan sin formalidad, sin validez procesal y sujetas a manipulación. ¿Se puede considerar esto una forma de obstrucción legislativa?
Varios sectores de oposición han venido denunciando esta práctica, señalando que se han omitido deliberadamente actas de sesiones claves donde se discutieron temas controversiales, lo que permitiría a ciertos actores políticos negar, reinterpretar o reescribir la historia legislativa a conveniencia.
La interpretación a contrario sensu planteada por Orellana —una figura jurídica que presume incumplimiento cuando no se ejecuta una obligación explícita— podría abrir la puerta a demandas judiciales por abuso de poder o incluso responsabilidad penal contra quienes sistemáticamente bloqueen este procedimiento básico.
Más allá del aspecto legal, la advertencia de Orellana cuestiona el estado actual del Congreso y sus prácticas internas: ¿Está el Legislativo funcionando bajo el principio de legalidad o estamos ante un órgano que manipula sus propios procesos para garantizar impunidad o conveniencia política?
En un país marcado por la desconfianza institucional, este tipo de omisiones no solo afectan la transparencia legislativa, sino que erosionan aún más la legitimidad de un Congreso que debería ser garante del Estado de Derecho, no rehén de los intereses partidarios.
