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domingo, noviembre 9, 2025
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Congreso cerrado, gastos abiertos: más de L77 millones en viajes y protocolo mientras el Legislativo sigue paralizado

A 60 días sin sesionar, diputados acumulan viáticos, salarios y hasta L9 millones en protocolo; ASJ denuncia “turismo oficial”, opacidad y una Comisión Permanente “ilegal” que consume fondos sin producir leyes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El Congreso Nacional de Honduras cumple más de 60 días sin sesionar, pero su presupuesto sigue moviéndose a toda marcha. 

Mientras las puertas del hemiciclo permanecen cerradas y el país continúa sin actividad legislativa, los diputados —según denuncias de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)— parecen haber encontrado un nuevo oficio: el “turismo oficial” financiado con fondos públicos.

De acuerdo con Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ, el Congreso ha erogado 77.5 millones de lempiras en los últimos dos meses, pese a la parálisis institucional y la instalación de una Comisión Permanente señalada como ilegal.

“Es condenable que un Congreso Nacional que permanece cerrado durante más de 60 días, un Congreso que hoy por hoy tiene instalada una Comisión Permanente ilegal… son 77.5 millones de lempiras los que ha erogado”, cuestionó Aguilar.

Los gastos incluyen salarios, viáticos y hasta L9 millones solo en protocolo, una cifra que destaca particularmente porque el Legislativo ni siquiera está en funcionamiento. 

Esta contradicción ha encendido alarmas en organizaciones de sociedad civil, que reclaman una política de austeridad real en momentos en que las instituciones del Estado exigen eficiencia y transparencia.

Viajes sin claridad, dinero sin control

Uno de los puntos más críticos planteados por la ASJ es el uso de viáticos al extranjero, cuyos montos suman millones de lempiras sin que el Congreso publique información sobre:

• Boletos aéreos

• Destinos

• Motivos de viaje

• Resultados para el país

“Lamentablemente, esos viajes los hacen como un turismo, y con los fondos públicos que contribuimos los que pagamos impuestos en el país”, denunció Aguilar.

En su señalamiento, la ASJ recuerda que la ley exige transparencia en la ejecución de recursos públicos, especialmente cuando se trata de fondos destinados a la actividad legislativa, que actualmente se encuentra detenida.

Producción legislativa: cero; ejecución presupuestaria: al 100%

Aunque la producción legislativa es prácticamente nula desde hace más de dos meses, la ejecución del presupuesto —sobre todo en rubros como viáticos y protocolo— continúa al día. Para Aguilar, esta desconexión evidencia una falta de compromiso y respeto hacia la ciudadanía.

“Si bien la ejecución de renglones como viáticos va al día, la producción legislativa da mucho que desear y mucho que deber a la ciudadanía”, subrayó.

Además, advirtió que algunos de los gastos podrían estar beneficiando a empresas vinculadas con líderes del Congreso, una afirmación que agrava las sospechas de posibles conflictos de interés y favorecimiento político.

Llamado a revisar y eliminar gastos innecesarios

Aguilar concluyó su denuncia insistiendo en la necesidad de revisar —e incluso eliminar— estos desembolsos, al considerar que carecen de justificación y violan el principio de uso responsable de los fondos públicos.

“El manejo de estos recursos refleja una falta de transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos”, afirmó.

Mientras tanto, el país continúa sin que el Congreso abra sus puertas y sin que se aprueben leyes fundamentales para enfrentar los desafíos nacionales.

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