• Con 91 votos, el Legislativo da luz verde al proceso contra funcionarios del CNE y TJE; protestas de Libre sacuden el hemiciclo mientras dimiten Karen Rodríguez y Suyen Muñoz
TEGUCIGALPA, HONDURAS.–
En una sesión marcada por tensión, protestas y decisiones de alto impacto, el Congreso Nacional aprobó la noche de este jueves 9 de abril de 2026 la denuncia de juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en un movimiento que sacude la institucionalidad electoral del país.
La admisión del proceso contó con el respaldo de 91 diputados, mientras la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), junto a los congresistas Iroshka Elvir y Alejandro Canelas, votaron en contra.
Los funcionarios señalados son el consejero del CNE, Marlon Ochoa; la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez; el magistrado del TJE, Mario Morazán; y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.
Renuncias en pleno desarrollo de la sesión
En medio de la lectura de las denuncias, llegó al hemiciclo la renuncia por escrito de Karen Patricia Rodríguez, quien argumentó que su decisión buscaba “salvaguardar su honor”. El pleno aceptó su dimisión por mayoría.
A este hecho se sumó la renuncia de la presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, Suyen Emperatriz Muñoz Rivera, en un contexto de crecientes rumores sobre un posible juicio político en su contra.
Protestas, sanciones y pulso político
La jornada legislativa estuvo marcada por fuertes protestas de la bancada de Libre, cuyos diputados interrumpieron la sesión con gritos y pitos al momento de leerse los nombres de los funcionarios sometidos al proceso.
Ante esto, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, instruyó al secretario Carlos Ledezma tomar nota de los legisladores que alteraban el orden, con el fin de aplicar sanciones de hasta 15 días sin goce de salario.
Se abre proceso y suspenden a funcionarios
La aprobación del juicio político implica la suspensión inmediata de los cuatro funcionarios mientras se desarrollan las audiencias de descargo.
Para ello, el Congreso nombró una comisión especial integrada por los diputados Tania Pinto, Lissi Matute Cano, Alberto Cruz, Kilvett Bertrand, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.
Las denuncias que sustentan el proceso recogen señalamientos de abogados y observaciones de misiones electorales, en las que se detallan presuntas irregularidades y acciones que habrían entorpecido el desarrollo de las elecciones primarias y generales en Honduras.
Posturas enfrentadas
El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, calificó la jornada como “un día oscuro para la institucionalidad del país” y cuestionó el mecanismo de votación, asegurando que se realizó “como en juntas de agua”, sin el sistema electrónico del Congreso.
Además, acusó al bipartidismo de utilizar el juicio político como herramienta para “doblegar” a Libre y defendió a los funcionarios señalados, afirmando que “no han cometido ningún delito”.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, respaldó el proceso y destacó que 39 de los 41 diputados liberales votaron a favor.
Cálix sostuvo que el juicio político es un mecanismo constitucional legítimo para sancionar a funcionarios que no cumplen sus funciones o que obstaculizan el trabajo institucional.
El desarrollo de este proceso abre un nuevo capítulo de confrontación política en Honduras, con implicaciones directas en el sistema electoral y el equilibrio de poderes en el país.
