• Diputados aprueban moción exhortativa para conocer por qué no hay responsables señalados; el Legislativo pide avances sobre pesquisas que involucran al exjefe militar Roosevelt Hernández y al consejero del CNE Marlon Ochoa.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional aprobó una moción exhortativa mediante la cual solicita al fiscal general de la República, Johel Zelaya, que presente un informe detallado sobre el estado de las investigaciones relacionadas con el presunto sabotaje electoral ocurrido el 9 de marzo de 2025, durante las elecciones primarias celebradas en el país.
Durante la sesión legislativa, los diputados recordaron que aquella jornada marcó uno de los episodios más críticos de la reciente historia democrática de Honduras, al registrarse retrasos en la distribución del material electoral que obligaron a miles de ciudadanos a esperar durante horas —e incluso hasta la madrugada— para ejercer el sufragio.
La solicitud del Legislativo busca esclarecer las razones de la aparente paralización de las investigaciones y conocer qué avances ha realizado el Ministerio Público en los procesos abiertos tras las irregularidades denunciadas durante ese proceso electoral.
Señalamientos y presión política
La iniciativa fue impulsada por la bancada del Partido Liberal, cuyos diputados argumentaron que resulta indispensable retomar las pesquisas para determinar responsabilidades en torno a lo ocurrido.
En particular, los parlamentarios pidieron información sobre las investigaciones que involucran al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, y al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
Ambos han sido señalados por su presunta participación en acciones que habrían impedido el flujo normal del material electoral, lo que, según denuncias planteadas tras el proceso, puso en riesgo la transparencia del sistema democrático durante las elecciones primarias del año pasado.
Custodia del material electoral
Durante el debate en el pleno legislativo, varios diputados subrayaron que el entonces jefe militar tenía la responsabilidad directa de coordinar el traslado, transporte y custodia del material electoral, una función que constitucionalmente corresponde a las Fuerzas Armadas de Honduras.
Sin embargo, señalaron que ese 9 de marzo el proceso se vio afectado por retrasos y bloqueos sistemáticos, lo que provocó incertidumbre y largas filas de votantes en diferentes centros de votación del país.
En el caso del consejero del CNE, algunos legisladores sostuvieron que habría operado desde el organismo electoral para interferir en el proceso, presuntamente en coordinación con mandos militares de ese momento.
Reclamo por falta de resultados
Para los parlamentarios que respaldaron la moción, el paso del tiempo sin que existan requerimientos fiscales ni imputaciones formales ha generado una creciente percepción de impunidad.
Durante su intervención ante el pleno, la diputada liberal Luz Ernestina Mejía insistió en que el objetivo del exhorto es garantizar que los hechos no queden sin consecuencias.
“Nada haríamos si no lográramos incidir en el fortalecimiento democrático y para ello es fundamental que los comportamientos delictivos que se dieron contra la democracia el 9 de marzo no queden sin castigo; no por odio ni venganza, sino por hacer justicia”, expresó.
La legisladora también cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos denunciados, no se hayan presentado resultados concluyentes por parte del Ministerio Público.
“Hemos pedido con respeto, pero con firmeza, que el fiscal general dé las razones del por qué a estas alturas no ha finalizado la investigación ni realizado los requerimientos correspondientes a los responsables”, manifestó.
Temor a un precedente peligroso
La moción aprobada por el Congreso no solo busca esclarecer lo ocurrido, sino también evitar que situaciones similares se repitan en futuros procesos electorales.
Varios diputados advirtieron que dejar estos hechos sin investigación o sanción podría sentar un precedente peligroso para cualquier actor interesado en desestabilizar las instituciones democráticas.
Durante el debate también surgieron referencias a la narrativa política de la denominada “oligarquía melista”, expresión utilizada por algunos legisladores para señalar lo que consideran maniobras destinadas a generar caos en el proceso electoral.
Un episodio aún sin cerrar
El Congreso recordó que aquel 9 de marzo dejó imágenes que generaron preocupación en la población, como centros de votación funcionando hasta las 3:00 de la madrugada y ciudadanos de la tercera edad esperando durante horas para poder votar debido a la tardía llegada del material electoral.
Para los diputados, estos hechos estuvieron cerca de poner en riesgo la paz social del país, por lo que consideran indispensable que la Fiscalía determine responsabilidades.
“No se nos puede olvidar porque si eso sucede, podrían pasar cosas peores en el futuro; lo que están buscando es dejar en la impunidad todos esos delitos electorales contra la patria”, advirtió la diputada Mejía.
Ahora, la atención pública se centra en la respuesta del fiscal general, cuyo informe deberá explicar los avances técnicos de las investigaciones y las razones legales que, hasta ahora, han impedido presentar acusaciones formales contra quienes tenían bajo su control el manejo del material electoral en aquella fecha.
“No existe nada personal; son las conductas delictivas y en contra de la patria de estos señores las que tienen que combatirse para que no vuelva a pasar”, concluyó la congresista liberal tras la aprobación de la moción.
