- En una sesión extraordinaria celebrada fuera del hemiciclo, diputados opositores desconocieron la autoridad de la Junta Directiva que preside Luis Redondo y acusaron al oficialismo de violentar la Constitución.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Congreso Nacional de Honduras atraviesa una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente, luego de que una mayoría de diputados opositores aprobara ayer martes dejar sin efectos jurídicos la conformación de la Comisión Permanente, en un acto que profundiza la ruptura entre el pleno legislativo y la Junta Directiva encabezada por Luis Redondo.
La sesión extraordinaria, inicialmente convocada para desarrollarse en los bajos del edificio legislativo, tuvo que trasladarse a la iglesia Vida Abundante, en la colonia Las Colinas de Tegucigalpa, debido a protestas de aportantes de la financiera Koriun Inversiones que impidieron el ingreso al recinto del Congreso.
La diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), asumió la presidencia por ley de la sesión, mientras que Maribel Espinoza ejerció como secretaria y presentó el dictamen central que cuestiona la legalidad de las actuaciones de la Junta Directiva del Congreso.
Falta de eficacia jurídica
Durante la lectura del dictamen, Espinoza argumentó que la instalación de la Comisión Permanente “carece de eficacia jurídica” por contradecir una resolución previa del pleno, adoptada en la primera sesión extraordinaria celebrada la semana anterior.
“Queda improbada la decisión de conformar e instalar una comisión permanente porque desconoce las facultades y resoluciones del pleno del Congreso Nacional”, señaló Espinoza, advirtiendo además que los actos realizados por la Junta Directiva “implican responsabilidad penal”.
La diputada subrayó que el pleno legislativo no puede ser suplantado por decisiones unilaterales, y que cualquier intento de desconocer su autoridad representa una violación a la Constitución de la República.
Denuncia internacional
La confrontación política traspasará ahora las fronteras nacionales. Los diputados opositores acordaron notificar las presuntas irregularidades ante organismos internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las misiones de observación electoral acreditadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Espinoza detalló que también se remitirá documentación al Poder Ejecutivo, Judicial y al Ministerio Público, con fundamento en el artículo 269 del Código Procesal Penal, para solicitar acciones de investigación y respeto a la institucionalidad.
Para coordinar esta ofensiva diplomática y legal, el pleno aprobó la creación de una comisión especial integrada por nueve diputados: Jhosy Toscano, Maribel Espinoza, Fátima Mena, Merary Díaz, Suyapa Figueroa, Johana Bermúdez, David Manaiza, Claudia Ramírez y Francis Argeñal.
Amplias facultades
Esta comisión tendrá facultades para realizar gestiones diplomáticas, ejercer acciones legales ante autoridades nacionales y coordinar con organizaciones de la sociedad civil en defensa de la democracia y el Estado de derecho.
También podrá comparecer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para plantear conflictos de competencia entre poderes o resolver disputas internas del Legislativo.
Antejuicio en la mira
Durante la misma sesión, el diputado nacionalista Mario Pérez presentó una moción para dejar sin efecto el nombramiento de jueces designados en la solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
El tema del antejuicio se suma a la larga lista de controversias que han tensionado la vida institucional hondureña, marcando el actual periodo legislativo por la confrontación entre el oficialismo y la oposición.
“Libre abusa”, acusa oposición
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, responsabilizó directamente al Partido Libertad y Refundación (Libre) de “abusar de su posición” al imponer la Comisión Permanente, ahora desconocida por la mayoría del pleno.
“El pleno del Congreso Nacional es el que manda, y este está representado en la mayoría de diputados que participaron en esta sesión extraordinaria”, enfatizó Zambrano, asegurando que la legitimidad recae en la voluntad de la mayoría legislativa y no en las decisiones de la Junta Directiva.
Prórroga y convocatoria
Finalmente, Maribel Espinoza anunció que se notificará formalmente la resolución a la Junta Directiva, exhortándola a convocar a sesiones ordinarias bajo la prórroga del actual periodo legislativo, que se extiende hasta el 20 de enero de 2026.
La moción fue aprobada por dispensa de dos debates y con el respaldo unánime de los más de 70 diputados presentes.
Crisis sin precedentes
El episodio vivido este martes refleja una fractura sin precedentes en el Congreso hondureño y deja en entredicho la capacidad del país para mantener la estabilidad institucional en pleno año preelectoral, marcado por un ambiente de creciente polarización.
La crisis legislativa no solo pone en riesgo la gobernabilidad, sino que también amenaza con impactar la confianza ciudadana en los procesos democráticos y en la independencia de los poderes del Estado.
