• La reforma permitirá destinar anticipadamente hasta el 100 % del dinero incautado a instituciones de seguridad y justicia, incluso antes de una sentencia firme de privación de dominio.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El pleno del Congreso Nacional aprobó este lunes una reforma que permitirá utilizar recursos económicos provenientes de bienes incautados para fortalecer a las instituciones encargadas de combatir la delincuencia y mejorar sus capacidades operativas.
La medida fue respaldada por los legisladores con el propósito de reforzar la lucha contra la criminalidad.
Los fondos provienen de incautaciones y podrán asignarse de manera anticipada, antes de que exista una sentencia firme de privación de dominio, siempre que se cumplan las condiciones y los requisitos establecidos en el decreto.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que algunos procesos judiciales para determinar el destino definitivo de los bienes pueden prolongarse entre 10 y 15 años, por lo que la reforma busca que las instituciones no tengan que esperar hasta la conclusión de esos procedimientos para disponer de recursos.
¿Cómo se distribuirá el dinero?
La reforma faculta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para autorizar el uso anticipado de hasta el 100 % del dinero incautado que se encuentre bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Según la distribución establecida, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad recibirán un 25 % cada una.
El Ministerio Público y el Poder Judicial obtendrán un 15 % respectivamente, mientras que la OABI contará con un 10 %.
El 10 % restante se dividirá en partes iguales entre la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Agencia Nacional contra el Crimen.
Deberán devolver el dinero si la sentencia favorece al afectado
Uno de los puntos centrales de la reforma establece que los recursos deberán ser devueltos si una resolución judicial determina que pertenecen a la persona o empresa a la que se le incautaron.
La Secretaría de Finanzas será responsable de garantizar los fondos necesarios para cumplir con esa obligación, incluidos los intereses y demás pagos que correspondan conforme a la ley.
Asimismo, el decreto contempla responsabilidades administrativas, civiles o penales cuando el dinero sea utilizado o distribuido al margen de las disposiciones legales.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad deberá aprobar, dentro de los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, las reglas para solicitar, distribuir, utilizar y controlar los recursos, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La reforma busca fortalecer financieramente a las instituciones de seguridad y justicia, aunque la asignación anticipada de los fondos no implica que el Estado haya adquirido definitivamente la propiedad de los bienes incautados.
