• El órgano legislativo, dominado por el oficialismo, acusa injerencia extranjera, fallas del TREP y decisiones irregulares del CNE, mientras analistas cuestionan su legitimidad y señalan un intento de influir en la narrativa post electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional reactivó este miércoles la tensión política postelectoral con un comunicado en el que denunció la existencia de un “golpe electoral en curso”, acusó fallas estructurales en el proceso y señaló directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “injerencia inadmisible” en las elecciones del 30 de noviembre.
El pronunciamiento, sin embargo, ha sido recibido con fuertes cuestionamientos debido a la composición oficialista de la Comisión y a la falta de evidencia pública que respalde varias de sus afirmaciones.
Una denuncia que divide opiniones
El mensaje fue leído por el diputado Luis Redondo, quien afirmó que el supuesto golpe se habría materializado mediante “acciones coordinadas” que afectaron la transparencia, la legitimidad y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales del proceso electoral.
No obstante, especialistas y sectores opositores advierten que el Congreso carece de facultades para invalidar o interpretar el proceso electoral, por lo que consideran que el comunicado es más político que jurídico y profundiza la crisis en lugar de ayudar a resolverla.
Señalamientos contra Trump
Uno de los puntos más controversiales del pronunciamiento es la acusación de “injerencia inadmisible” contra el presidente estadounidense Donald Trump.
La Comisión asegura que declaraciones del mandatario el 26 y 28 de noviembre habrían ejercido presión sobre los votantes al condicionar remesas y mencionar un posible indulto a un narcotraficante condenado.
Sin embargo, especialistas consultados cuestionan que la Comisión no presentara evidencias concretas del impacto real de estas declaraciones en el comportamiento electoral, señalando que el argumento podría estar siendo utilizado para politizar aún más la disputa postelectoral.
El documento cita artículos de la Carta de la OEA para sustentar su rechazo, aunque críticos destacan que la Comisión recurre a estos principios de manera selectiva y omite otros elementos recomendados por observadores internacionales sobre el fortalecimiento del proceso electoral.
Fallas del TREP y críticas al CNE: denuncias sin auditorías públicas
En otro de los señalamientos, la Comisión aseguró que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) “no funcionó conforme a lo establecido” y afirma que existen denuncias en investigación ante el Ministerio Público relacionadas con irregularidades técnicas y administrativas.
Asimismo, cuestionó una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que modificó la obligatoriedad de la verificación biométrica en las Juntas Receptoras de Votos.
Según la Comisión, la eliminación de este requisito “contaminó las actas del TREP” y abrió la puerta a manipulaciones.
El pronunciamiento señala que estos cambios implicarían, además, una “suplantación de funciones” del Congreso Nacional, al considerar que únicamente este poder del Estado tiene la facultad de reformar o interpretar la ley electoral.
Un llamado a observadores mientras su propia imparcialidad es cuestionada
La Comisión pidió a las misiones de observación nacionales e internacionales incluir en sus informes finales todas las amenazas externas, fallas del TREP y medidas administrativas denunciadas.
Sin embargo, sectores críticos interpretan este llamado como un intento de legitimar una narrativa favorable al oficialismo, mientras la propia imparcialidad del órgano legislativo continúa bajo sospecha debido a su conformación política.
Un cierre que no calma, sino que calienta más el ambiente
El comunicado concluye afirmando que Honduras “no aceptará injerencias extranjeras” y que defenderá la voluntad democrática del pueblo.
Pero para analistas, el pronunciamiento agita aún más un ambiente político ya polarizado, agrega presión sobre instituciones como el CNE y el Ministerio Público, y profundiza la incertidumbre sobre la resolución del proceso electoral.
Mientras el país espera resultados finales, auditorías técnicas y reportes de observación internacional, el rol de la Comisión Permanente —y sus motivaciones— continúa siendo tema central en el debate público.
