- Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa evidencia baja productividad, alto gasto en viáticos y subvenciones, y decisiones que debilitaron la institucionalidad durante la gestión legislativa 2022–2026.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Con apenas 147 días de sesiones en cuatro años, el Congreso Nacional correspondiente al período 2022–2026, presidido por Luis Redondo, devengó más de 1,724 millones de lempiras únicamente en sueldos y salarios para diputados y personal, una cifra que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) califica como una profunda desproporción entre el gasto público y los resultados legislativos.
Según el análisis presentado por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Congreso ejecutó 5,942 millones de lempiras, de los cuales más de L1,724 millones se destinaron a salarios y al menos L627 millones a viáticos.
Durante la presentación del informe, el director de Democracia y Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, señaló que, pese a gozar de todos los beneficios que otorga la ley, los diputados dejaron de sesionar aproximadamente 395 días, cumpliendo apenas 35% de las sesiones que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL): 31 días por año de los 104 posibles.
Esta baja convocatoria, sumada a la ausencia recurrente de diputados, se reflejó en una productividad legislativa decreciente.
En 2022 se presentaron 929 proyectos de ley y se aprobaron 156; en 2023, 243 presentados y 59 aprobados; y en 2024, 255 presentados y 55 aprobados.
En conjunto, la productividad del Congreso fue de apenas 19% entre 2022 y 2024.
El informe destaca además que 90% de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo fueron aprobadas, frente a solo 13% de las presentadas desde el Legislativo.
ASJ también cuestionó el uso de las subvenciones legislativas, que oficialmente tienen como fin atender necesidades comunitarias, pero que en la práctica —según el informe— han reproducido esquemas de clientelismo político y opacidad.
Entre 2022 y 2025 se ejecutaron más de L785 millones en subvenciones, de los cuales L536 millones se concentraron únicamente entre 2024 y 2025.
En paralelo, el Congreso aprobó L2,850 millones para gasto social durante el período 2023–2025 (L950 millones anuales).
De estos recursos, 56% fue canalizado por la Secretaría de Gobernación y Justicia, 25% a través del FHIS y 19% mediante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sin mecanismos claros y estandarizados de evaluación de impacto, según el análisis.
Más allá del componente financiero, Aguilar advirtió que la legislatura 2022–2026 incurrió en excesos que debilitaron la institucionalidad democrática, como la aprobación de un nuevo pacto de impunidad, la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la elección de altos funcionarios sin cumplir requisitos legales y una reciente intervención en el proceso electoral.
Ante este panorama, ASJ instó al nuevo Congreso Nacional, que asumirá funciones en las próximas horas, a reducir el gasto, aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo y eliminar o reglamentar estrictamente las subvenciones.
Asimismo, exhortó a priorizar reformas clave como la reforma electoral, la Ley del Consejo de la Judicatura, la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Finalmente, la organización recomendó instituir un procedimiento obligatorio y estandarizado para la solicitud de viáticos, fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas y disciplinarias frente a la inasistencia a sesiones y el uso indebido de fondos públicos, así como establecer una agenda anual de sesiones con proyectos prioritarios que garantice planificación, seguimiento y rendición de cuentas a la ciudadanía.
