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martes, diciembre 3, 2024
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Congreso Nacional pretende aprobar adendas de contratos de energía con los votos de diputados suplentes, denuncia ASJ

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El Congreso Nacional de Honduras está intentando aprobar las adendas de contratos de energía utilizando diputados suplentes, así lo denunció Kevin Rodríguez, experto en temas de energía de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).

“Se ha escuchado también que existe rumor que se podría aprobar una serie de proyectos, incluyendo la adenda de estos 18 contratos, con diputados suplentes”, declaró Rodríguez a una emisora capitalina.

A criterio de Rodríguez, el proceso de las 18 modificaciones a contratos de energía no se ha difundido de la manera que corresponde, lo cual genera preocupación, ya que al final quien paga es el pueblo hondureño.

Añadió que las aprobaciones de contratos energéticos han carecido de transparencia en el pasado, y este caso no parece ser la excepción.

Según el experto estos contratos son tan complejos que realmente requieren de una revisión bastante minuciosa, se debe hacer un análisis legal para identificar y definir si realmente cumple con lo que establecía la ley.

Rodríguez también indicó que la bancada de Libertad y Refundación (Libre) ha perdido diputados debido a que varios se adhirieron al Partido Liberal. Esta situación deja al oficialismo sin los votos necesarios para aprobar leyes que les beneficien, como las adendas de contratos de energía.

 “La historia legislativa nos muestra que las aprobaciones de contratos energéticos siempre han sido poco transparentes y frecuentemente denunciadas”, comentó Rodríguez. Expresó preocupación de que tanto los funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como los diputados son pasajeros, ya que cambian con cada proceso electoral, mientras que la población es la que termina pagando las consecuencias de una mala renegociación de contratos.

Rodríguez también recordó que la ENEE no ha compartido información sobre los contratos renegociados durante los últimos dos años, lo cual añade otra capa de opacidad al proceso.

Esta denuncia pone de relieve la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en las decisiones legislativas que afectan a los ciudadanos y la economía del país.

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