- Bipartidismo acuerda nombrar a Dagoberto Aspra y José Francisco Quiroz, figuras ligadas a casos emblemáticos de saqueo y judicialización del Estado
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El pleno del Congreso Nacional de Honduras celebrará este lunes 2 de febrero, a las 2:00 de la tarde, la sesión para elegir al nuevo procurador y subprocurador general de la República, en medio de fuertes cuestionamientos por los antecedentes de los candidatos consensuados por el bipartidismo.
La convocatoria se produce ante el vencimiento del periodo constitucional de José Manuel Díaz Galeas y Tomás Emilio Andrade Rodas, quienes ocuparon los cargos entre el 2 de febrero de 2022 y el 2 de febrero de 2026, en un mandato marcado por conflictos políticos y señalamientos de ilegalidad en su elección.
De acuerdo con los acuerdos alcanzados entre las bancadas mayoritarias del Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal de Honduras, el primero propondrá al procurador general, mientras que el segundo presentará al subprocurador.
Como resultado, los nombres que serían sometidos a votación son Dagoberto Aspra Iglesias y José Francisco Quiroz, respectivamente.
Para la elección del procurador general se requiere una mayoría calificada de 86 votos, un requisito constitucional que, en teoría, busca dotar de legitimidad a una figura que representa legalmente al Estado hondureño ante instancias nacionales e internacionales.
Aspra: el abogado de los grandes casos de corrupción
El candidato del Partido Nacional, Dagoberto Aspra Iglesias, es abogado y notario, pero su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la defensa de imputados en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país.
Entre los casos más emblemáticos figura su papel como defensor en el Caso Pandora, una trama de corrupción mediante la cual, según el Ministerio Público, cientos de millones de lempiras fueron desviados desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar campañas políticas del Partido Nacional y del Partido Liberal.
Aspra también fue defensor en el caso del desfalco de más de 28.5 millones de lempiras de la Alcaldía del Distrito Central, recursos que, de acuerdo con el MP, habrían sido utilizados para pagar tarjetas de crédito del entonces alcalde Nasry Asfura y de miembros de su familia.
A ello se suma su participación como defensor en el caso Arca Abierta, un requerimiento fiscal presentado por la extinta MACCIH, que señalaba a diputados del Congreso Nacional por el desvío de más de 21 millones de lempiras a través de una ONG para beneficio personal.
Asimismo, Aspra representó legalmente al diputado nacionalista Nelson Márquez, acusado por el MP de integrar una red que habría saqueado más de 3 mil millones de lempiras mediante contratos amañados y procesos judiciales con vicios legales.
A estos antecedentes se suma su vínculo profesional con la cuestionada consejera del CNE, Cossette López, relación que, según críticos, habría pesado en su postulación por el bipartidismo. Para diversos sectores, la eventual llegada de Aspra a la PGR dejaría al Estado y a la ciudadanía en una posición de indefensión jurídica.
Quiroz: de procesado a aspirante a subprocurador
Por su parte, el Partido Liberal impulsa como subprocurador a José Francisco Quiroz, abogado y notario con trayectoria en el sistema judicial, pero cuyo nombre también arrastra serios cuestionamientos.
Quiroz fue procesado por su presunta participación en el saqueo de millones de lempiras del Poder Judicial, cuando fungía como integrante del Consejo de la Judicatura. Aunque el caso fue sobreseído, el expediente incluía 93 delitos vinculados a corrupción, un antecedente que hoy genera alarma en organizaciones civiles y sectores jurídicos.
Para críticos del proceso, promover a un exprocesado por corrupción a un cargo encargado de la defensa legal y la fiscalización del Estado no es un error administrativo, sino un mensaje político: la normalización de la impunidad y la subordinación de la ética a los pactos de poder.
Una elección bajo la lupa
La Procuraduría General de la República es clave para la seguridad jurídica, la atracción de inversión y la imagen internacional del país.
Sin embargo, la elección de funcionarios con historiales ligados a redes de corrupción y conflictos de interés amenaza con profundizar la desconfianza ciudadana y debilitar aún más la institucionalidad.
Este lunes, el Congreso no solo elegirá a dos funcionarios: definirá si la PGR será un escudo del Estado o una extensión de los acuerdos políticos que han marcado la impunidad en Honduras.
