- El decreto suspende facultades del Consejo Superior Universitario y ordena una auditoría forense sobre el manejo de recursos de los últimos cinco años.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles la intervención administrativa de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), medida que suspende atribuciones clave del Consejo Superior Universitario (CSU) y establece la creación de una Comisión para la Gestión Universitaria que dirigirá la institución durante un período inicial de 12 meses.
La disposición establece que la nueva comisión asumirá las funciones administrativas que hasta ahora correspondían al CSU, específicamente las contempladas en el artículo 39, incisos a), b), c), h) e i) del Estatuto de la UNAG, publicado en el diario oficial La Gaceta número 34,525 del 23 de diciembre de 2017.
Mientras se designan las nuevas autoridades universitarias —incluyendo el Consejo Superior Universitario, la Junta de Dirección Universitaria (JDU) y la Rectoría—, la comisión será la máxima autoridad administrativa de la institución.
El decreto también ordena la realización de una auditoría forense sobre el manejo de los recursos públicos recibidos por la universidad durante los últimos cinco años.
Este proceso será ejecutado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con el apoyo de entidades externas, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión financiera y en los procesos de elección de autoridades universitarias.
La Comisión para la Gestión Universitaria estará integrada por cinco profesionales universitarios: tres serán seleccionados y nombrados por una Comisión Especial del Congreso Nacional —uno de los cuales ejercerá la presidencia—, mientras que los otros dos miembros corresponderán a un representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y a un egresado de la UNAG refrendado por esa misma Secretaría.
El período de funciones será de 12 meses, prorrogables previa aprobación legislativa.
Entre las atribuciones del nuevo órgano destacan la selección y nombramiento, mediante concurso público basado en méritos, de los integrantes de la Junta de Dirección Universitaria en un plazo máximo de tres meses; la designación de un rector o rectora interino; la revisión de procesos de adquisición de bienes y servicios; la solicitud de informes sobre ejecución presupuestaria; y la propuesta de reorientación de inversiones institucionales.
Asimismo, la comisión deberá velar por la transparencia en las elecciones de autoridades universitarias previstas para 2026 y 2027, elaborar un plan de rescate administrativo orientado a la eficiencia y digitalización institucional, emitir informes sobre hallazgos en administraciones anteriores y proponer un programa de admisión estudiantil conforme al Estatuto universitario.
Sus resoluciones serán de estricto cumplimiento dentro del marco del decreto.
El órgano interventor deberá presentar informes trimestrales al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo detallando las decisiones adoptadas, las actividades ejecutadas y las propuestas de mejora administrativa y académica.
Además, en un plazo de cinco días hábiles deberá aprobar su normativa interna de funcionamiento, rigiéndose mientras tanto por la Ley General de la Administración Pública.
El quorum para sesionar será la mitad más uno de sus integrantes y el decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. La medida fue aprobada en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central.
