Consejeras del CNE serán citadas en juicio político contra Marlon Ochoa en medio de cuestionamientos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, serán citadas a declarar en el juicio político contra el consejero Marlon Ochoa, en un proceso que ha generado críticas por dejar fuera a ambas funcionarias.

La comisión especial del Congreso Nacional, presidida por la diputada Tania Pinto, confirmó que Hall y López comparecerán en los próximos días, incluso en horarios extraordinarios, ante la urgencia del proceso.

“En efecto, ellas serán citadas para comparecer a rendir declaración. Tendremos que habilitar días y horas inhábiles para citarlas”, manifestó Pinto.

Las comparecencias de las consejeras se producen en medio de fuertes cuestionamientos por su papel dentro del pleno del CNE, especialmente por decisiones relacionadas con la no contabilización de actas en los niveles presidencial, municipal y legislativo.

A pesar de haber formado parte de estas determinaciones, el Congreso Nacional optó por dirigir el juicio político exclusivamente contra Marlon Ochoa, una decisión que ha sido señalada por distintos sectores como selectiva y que deja fuera a dos de las principales figuras involucradas en la crisis del ente electoral.

En ese contexto, la citación de Hall y López ocurre bajo la expectativa de que reiteren las posturas que han sostenido públicamente, en medio de un clima de desconfianza sobre la conducción del órgano electoral.

Audiencias paralelas

De forma simultánea, la comisión desarrollará audiencias contra funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre ellos el magistrado propietario Mario Alexis Morazán Aguilera, así como los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estape y Gabriel Gutiérrez Peralta.

También fueron citados Roberto Lara y Mario Flores Urrutia, quienes deberán aportar información sobre el funcionamiento interno del organismo.

Los funcionarios comparecerán en distintos horarios para presentar sus descargos y medios de prueba, en un proceso que, según el Congreso, se desarrolla bajo el respeto al debido proceso.

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