- Juan Carlos Barrientos asegura que el jefe del Ministerio Público actúa contra opositores mientras ignora expedientes que involucran a funcionarios cercanos al gobierno de Libre.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos lanzó fuertes críticas contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, al acusarlo de centrar su gestión en perseguir únicamente a opositores políticos, mientras evita investigar casos de corrupción que salpican a figuras vinculadas al gobierno.
“Él solamente presenta requerimientos fiscales contra opositores al Partido Libre y al gobierno. Hace caso omiso de temas importantes, como el de Sedesol, que es un caso claro de corrupción, y sin embargo no existe un solo requerimiento fiscal”, cuestionó el profesional del derecho.
Casos que, según Barrientos, se han omitido
El constitucionalista mencionó varios expedientes que, a su criterio, evidencian la parcialidad del Ministerio Público:
- Sedesol: pese a los informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no existe un solo requerimiento presentado por corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social.
- Carlos Zelaya: el cuñado de la presidenta aparece en un video negociando aportes de campaña, pero no se ha judicializado el caso.
- Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf): la titular fue señalada en denuncias públicas, pero no se abrió acción penal en su contra.
“Ese señor está al servicio del Partido Libre. Parece más el fiscal del partido de gobierno que el fiscal general del Estado. Está tratando de desviar la atención y dar la falsa impresión de que actúa con imparcialidad, cuando en realidad ocurre todo lo contrario”, afirmó Barrientos.
Comparación con exfiscales
El abogado comparó la actual gestión con la de Óscar Chinchilla, quien fue criticado en su momento por engavetar expedientes y proteger a figuras del Partido Nacional y del expresidente Juan Orlando Hernández.
“Lo que antes criticaban, ahora lo están repitiendo exactamente igual. Y eso es censurable”, sentenció Barrientos.
Reformas estructurales
Finalmente, el constitucionalista consideró necesario impulsar reformas profundas a la Constitución y a la Ley del Ministerio Público, con el fin de evitar que la institución continúe subordinada a los intereses del gobierno de turno.
“No puede ser que el Ministerio Público se convierta en un brazo político de quienes gobiernan. Eso pone en riesgo la democracia y la confianza en la justicia”, advirtió.
