• La jurista advierte que el bloqueo del Legislativo sustituye la legalidad por la imposición por la fuerza, rompe la deliberación democrática y configura un quiebre constitucional que exige acciones urgentes a nivel nacional e internacional.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse alertó este jueves que Honduras enfrenta un “secuestro institucional” del Congreso Nacional, una situación que —sostuvo— no puede reducirse a una disputa política ordinaria, sino que representa una ruptura del orden democrático.
El pronunciamiento surge tras la convocatoria de reuniones paralelas del Poder Legislativo: una impulsada por el pleno y otra por el presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, hecho que, a criterio de Lafosse, evidencia un bloqueo deliberado del funcionamiento institucional.
“Lo que está sucediendo en Honduras no se puede describir como una simple crisis política ni como una disputa entre poderes. Lo que está ocurriendo es un secuestro institucional del Congreso Nacional de Honduras por la fuerza”, afirmó la constitucionalista.
De la legalidad a la imposición
Lafosse fue enfática al señalar que las acciones denunciadas no constituyen interpretación de la ley, sino su anulación y degeneración.
Según explicó, se está sustituyendo el principio de legalidad por el principio de imposición por la fuerza, y reemplazando la deliberación democrática por el control físico del acceso al Parlamento.
“El presidente y quienes ejecutan este bloqueo no están interpretando la ley; la están anulando”, recalcó.
Desde su análisis, impedir el ingreso de diputados electos al recinto legislativo vacía de contenido la representación popular y altera el equilibrio de poderes previsto en la Constitución de la República.
El Congreso pertenece al pueblo
La jurista recordó que el Congreso Nacional no pertenece a una persona ni a una facción, sino al pueblo hondureño, que delega su representación en los diputados electos.
“Bloquear el acceso al Congreso es un acto de rebelión contra la soberanía”, zanjó.
En ese marco, Lafosse sintetizó el escenario con una advertencia categórica: “El control de los edificios y no de las urnas tiene un nombre: quiebre constitucional”.
Responsabilidades y acciones urgentes
La constitucionalista subrayó que una ruptura del orden democrático genera responsabilidades y demanda respuestas inmediatas para restablecer la institucionalidad.
En primer lugar, pidió a las fuerzas de seguridad garantizar el libre acceso de todos los diputados al Congreso Nacional y contribuir al restablecimiento del orden constitucional.
Asimismo, instó a la Sala Constitucional a intervenir de manera urgente mediante una acción de amparo que ordene el cese inmediato de cualquier obstrucción y resguarde las atribuciones del Poder Legislativo.
Llamado a la comunidad internacional
Finalmente, Lafosse sostuvo que los hechos deben ser expuestos y documentados ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional, a fin de activar mecanismos de observación y protección del orden democrático.
El señalamiento se produce en un contexto de alta tensión política e institucional, en el que distintos sectores han exigido respeto a la Constitución, garantías para el ejercicio legislativo y una salida pacífica que preserve la estabilidad democrática del país.
