TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes, una investigación sobre supuestas irregularidades entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y una empresa térmica, informe que denominaron «contratos zombies».
El ente de sociedad civil señaló que: “un polémico contrato fue «revivido» en 2024, bajo el nombre de «Brassavola», con modificaciones radicales en tecnología, duración y ubicación, lo que sugiere una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas”.
Agregaron que “el impacto financiero de estas decisiones es a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de tos países vecinos alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos”.
Tras presentar un informe, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presuntas anomalías en un contrato millonario de energía de la empresa Brassavola.
El director de Democracia y Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, presentó la denuncia desde el centro de asistencia legal anticorrupción de la organización.
El contrato en cuestión, que estipula un precio de 32 centavos de dólar por kilovatio, ha sido objeto de atención debido a posibles irregularidades detectadas por ASJ.
Aguilar, afirmó que la denuncia tiene como objetivo profundizar en las investigaciones, sin personalizar ni señalar a funcionarios públicos, sino más bien evidenciar los hallazgos encontrados en los contratos de energía.
Recordó, que el contrato, inicialmente suscrito en 2008 y reactivado en 2024, ha generado dudas y preocupaciones en ASJ.
Se han identificado «claroscuros» en el proceso, posiblemente alimentados por la falta de transparencia en la información disponible. Por ello, ASJ ha acudido al MP para entregar indicios y solicitar una investigación más exhaustiva.
Aquí la Nota de Prensa integra:
En un esfuerzo por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) dio a conocer este martes una investigación que revela una serie de irregularidades en los contratos de energía térmica en Honduras suscritos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A través del análisis exhaustivo de contratos de energía, contrataciones de emergencia y solicitudes de información a través del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras ha descubierto prácticas que amenazan tanto la estabilidad financiera como el bienestar ambiental del país.
Durante la presidencia de José Manuel Zelaya, se declaró emergencia en el subsector eléctrico, dando paso a contratos directos, incluyendo uno otorgado a la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (CECHSA) por 150 MW a base de carbón. A pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, generando un precedente perjudicial.
El contrato con CECHSA, firmado en 2008, estuvo marcado por irregularidades desde su concepción. A pesar de los indicios de sobrecostos significativos (según el TSC era en exceso de los USD 1,560 millones durante la duración del contrato), este se mantuvo vigente durante años, sin entrar nunca en operación y en 2014 estuvo en proceso de cancelación.
El contrato nunca entró en operación en 14 años lo que causó un déficit en el Sistema Interconectado Nacional, obligando al país a depender del Mercado Eléctrico Regional. Sorprendentemente, en 2024, e contrato «revivió» bajo el nombre de «Brassavola», con modificaciones radicales en tecnología, duración ubicación, lo que sugiere una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas.
El impacto financiero de estas decisiones es alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos. L entrada en operación de la nueva planta de Villanueva representaría un aumento adicional en la tarifa de usuario final de al menos un 4%, generando una presión financiera insostenible para la ENEE superior a los L 10,185 millones, lo que representa el 35% del presupuesto para compras de energía de la estatal, y gobierno.
La ASJ insta al TSC a realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a CECHSA y otras empres al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales, y ENEE a culminar el proceso de depuración de contratos. De igual forma, se hace un llamado a los entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a condición los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE.
Los hallazgos de la investigación serán denunciados hoy por ASJ, a través del centro de Asistencia L Anticorrupción (ALAC), ante el Ministerio Público.
