• El general Roosevelt Hernández defiende su solicitud al Consejo Nacional Electoral como “facultades constitucionales”, mientras la presidenta Ana Paola Hall califica la acción como una clara injerencia en funciones exclusivas del ente electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, de obtener copias de las actas de resultados presidenciales enviadas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV), ha generado un fuerte debate sobre la injerencia militar en el proceso electoral hondureño.
Hernández defendió su petición este domingo, asegurando que no se trata de una intromisión, sino de “facultades que le da la Constitución”, y que la solicitud se realizó de manera respetuosa para “ser garantes del proceso”.
“Hemos hecho esa solicitud de manera respetuosa, no es una injerencia, sino facultades que le da la Constitución… es ser garantes del proceso”, manifestó el general.
El jefe militar también afirmó que los consejeros del CNE tendrán la última palabra sobre la aprobación de su petición y prometió respetar cualquier decisión: “Nosotros respetaremos su decisión”. Hernández recomendó interpretar correctamente el artículo 272 de la Constitución, reiterando que su intención es apoyar y no inmiscuirse en funciones del ente electoral.
Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, rechazó categóricamente la iniciativa.
A través de sus redes sociales, Hall calificó la solicitud de las Fuerzas Armadas como una injerencia directa en las facultades exclusivas del CNE, recordando que el escrutinio y la publicación de resultados a nivel presidencial son responsabilidad única del órgano electoral. Asimismo, subrayó que el artículo 272 establece claramente el papel de las Fuerzas Armadas, limitado a funciones específicas y sin participación en la recolección de actas o resultados electorales.
Expertos en derecho constitucional han advertido que este tipo de solicitudes pueden sentar un precedente peligroso para la independencia del proceso electoral, y que la confusión entre “facultades constitucionales” y “injerencia” pone en riesgo la percepción de transparencia en un contexto de alta sensibilidad política.
El episodio reaviva el debate sobre los límites de las Fuerzas Armadas en Honduras y su papel durante las elecciones, en un momento en que la ciudadanía exige garantías de imparcialidad y respeto a la ley.
