Conatel inicia socialización formal a días de que entre en vigencia la medida obligatoria, mientras crecen dudas legales y críticas por falta de transparencia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A tan solo días de que entre en vigencia el registro biométrico obligatorio para los usuarios de telefonía móvil en Honduras, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha comenzado apenas esta semana con la socialización formal de una medida que ha generado controversia desde que fue anunciada el año pasado.
El proceso, que exige a los ciudadanos validar sus datos biométricos para continuar usando sus líneas telefónicas, ha provocado reacciones encontradas en sectores políticos y sociales. La falta de transparencia en la elaboración y comunicación del proyecto, sumada a la ausencia de claridad sobre el manejo de los datos sensibles, ha despertado serias inquietudes.
Según la convocatoria oficial emitida por el Congreso Nacional, será el próximo miércoles 28 de mayo, a las 9:00 a. m., en el Salón Cultural del Legislativo, cuando el presidente de Conatel, Lorenzo Sauceda, comparezca ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana junto con los jefes de bancada. Durante la reunión, se espera que se expliquen los fundamentos técnicos y jurídicos de la iniciativa.
“El plazo vence el 1 de junio. Quien no registre su chip perderá su número telefónico”, advirtió Sauceda, quien sostiene que la medida tiene como fin “disminuir los delitos que por años han afectado la seguridad de los hondureños”.
No obstante, legisladores como Carlos Umaña han calificado la disposición como “completamente ilegal” y cuestionan el proceso por su falta de claridad. “No se ha explicado con qué fin específico se hace esto, especialmente en un año electoral”, señaló el parlamentario.
El presidente del Partido Alianza Patriótica, Roberto Montenegro, fue aún más tajante. Según él, solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene la autoridad legal para validar datos biométricos. “Este tipo de decisiones compromete la privacidad de los usuarios y podría tener fines políticos”, afirmó el también exfuncionario del RNP, quien llamó a la ciudadanía a no acatar la medida.
Frente a las críticas, Sauceda ha reiterado que el proceso es “legal, transparente y humano”, asegurando que los operadores telefónicos ya iniciaron la validación desde finales del año pasado. El objetivo, dijo, es impedir la venta descontrolada de chips y el uso criminal de líneas anónimas. “Se han cometido delitos graves por medio de llamadas desde líneas no registradas”, enfatizó.
Sin embargo, defensores de derechos digitales alertan que no se ha informado adecuadamente a la población. Persisten dudas sobre qué datos se recolectarán, cómo se protegerán y qué consecuencias enfrentarán quienes no completen el proceso. De hecho, varios usuarios aseguran haberse enterado de la obligación solo al acudir a las oficinas de las empresas telefónicas.
La falta de información clara, en un contexto marcado por tensiones políticas y desconfianza institucional, deja muchas preguntas sin responder a escasos días de que se active una de las medidas más intrusivas en la privacidad de los hondureños.
