- En 2024, la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue de apenas 1.1 %
- El TSC realizó 154 auditorías, el número más bajo en los últimos siete años, a excepción de 2020, año de la pandemia de COVID-19
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La falta de voluntad política para fortalecer la lucha contra la corrupción en Honduras ha socavado la confianza ciudadana en la institucionalidad, mientras la corrupción sigue impactando aspectos esenciales para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la tercera entrega de la serie Estado de país 2025.
El análisis, dedicado al sector democracia y transparencia, reveló que el financiamiento de las instituciones de control sigue siendo marginal, representando apenas el 0.4 % del Presupuesto General de la República entre 2022 y 2024, una desproporción que refleja la falta de prioridad en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los mecanismos de control del uso de los recursos públicos.
En contraste, el presupuesto del Congreso Nacional es 25 % más que lo asignado a las instituciones de control en ese mismo período. Además, desde 2022, el Congreso ha destinado L 613.6 millones en subvenciones que aún no han sido liquidadas, representando el 21 % de su presupuesto (2023-2024).
Además, el informe devela la respuesta estatal insuficiente en el combate a la corrupción. En 2024, apenas 5.1 % de las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fueron remitidas al Ministerio Público (MP), y la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue de apenas 1.1 %, pues de las 2,535 denuncias recibidas por el MP, sólo 129 derivaron en requerimientos fiscales y apenas 28 resultaron en sentencias condenatorias.
Por otro lado, a pesar de la poca cantidad de recursos de revisión presentados ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (324 en 2024), comparados con la cantidad de solicitudes no respondidas, en la mayoría de los casos el IAIP tarda un año en resolver, aunque el plazo establecido por ley son 10 días hábiles.
Aunque se han implementado acciones como la creación del Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2023-2025 (con un 36 % de cumplimiento en sus 14 compromisos), la promoción de una cultura de transparencia con la participación de 2,938 servidores públicos y la instalación del sistema 130 para recibir denuncias, los resultados siguen siendo escasos para combatir la corrupción sistémica en Honduras.
Otro indicador de la falta de resultados en la lucha anticorrupción es que, en 2024, Honduras registró su peor puntaje histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción y por decimoquinto año consecutivo, continúa fuera de la Cuenta del Milenio por no aprobar los indicadores relacionados con el control de la corrupción.
Otros índices internacionales también reflejan un panorama preocupante. En el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Honduras se encuentra entre los últimos lugares de América, y en el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, a pesar de una leve mejora de 0.41 a 0.42 puntos, a nivel regional Honduras sólo supera a Nicaragua.
Además, el sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) revela que 7 de cada 10 hondureños consideran que existe corrupción en las instituciones gubernamentales y partidos políticos.
Ante este panorama, ASJ recomienda al Poder Ejecutivo a desarrollar mecanismos de monitoreo y seguimiento de iniciativas anticorrupción, fortalecer la autonomía y financiamiento de las instituciones de control y avanzar en la negociación con Naciones Unidas para la instalación de la CICIH. Asimismo, insta al Congreso Nacional a cumplir sus funciones constitucionales con transparencia, reformar normativas internas que otorgan poder discrecional a la Junta Directiva y priorizar la legislación necesaria para la lucha contra la corrupción y la instalación de la CICIH.
