TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción por unanimidad de votos confirmó el Auto de Formal Procesamiento para los acusados Óscar Antonio Castro Nazar, Otilia María Pinto Amador, José Antonio Elvir Vásquez y Ángel Armando Aguiriano Cerrato exfuncionarios del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), acusados de Fraude y Violación a los Deberes de los Funcionarios.
Los Magistrados declararon SIN LUGAR los recursos de apelaciones contra las excepciones de la falta de acción y la prescripción de la acción penal; señalan que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ejerce una función fiscalizadora, sin que esta interfiera con el mandato constitucional del Ministerio Público del ejercicio de la acción penal pública por delitos de corrupción.
Asimismo, las apelaciones sobre falta de motivación y valoración errónea de la prueba son desestimadas, manteniendo las decisiones del juzgado de primera instancia, resolviendo como consecuencia confirmar los Autos de Formal Procesamiento dictados el pasado 18 de enero y 20 de marzo de 2024 respectivamente.
Además, ordenaron REFORMAR el Auto de Formal Procesamiento decretado para Ángel Armando Aguiriano Cerrato, por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad, por lo que ahora será imputado por suponerlo responsable de un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios.
Para la Corte de Apelaciones “no existe duda respecto a que los acusados conocían de las inhabilidades que tenían los funcionarios públicos para participar activamente en el proceso de licitación en el que tenían interés por los vínculos directos e indirectos con la empresa Grupo Visión y como consecuencia de esos mismos vínculos legalmente no podían ser oferentes en el proceso de licitación y mucho menos que se les adjudicara el contrato”.
De conformidad al Requerimiento Fiscal, los acusados actuaron de forma deliberada para defraudar al Estado de Honduras, a través de la supuesta manipulación del proceso de licitación y la compra de suministros que no tuvieron utilidad ni funcionalidad y habrían sido sobrevalorados, adquiriéndolos por 920 mil euros y vendiéndoselos al INFOP por 75 millones 837 mil 529 lempiras, creando un perjuicio para el Estado de casi 51 millones de lempiras.
En este mismo caso se presentó acusación contra los señores David Guillermo Chávez Madison (Ex director Ejecutivo del INFOP) y José Olivio Rodríguez Vásquez (ex Secretario General del INFOP y Ex Magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia); el primero aun no habido y el segundo que fue convocada la Audiencia Inicial para el 24 de octubre.
