TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un juez natural designado notificó este jueves la resolución de la Corte de Apelaciones de absolver a todos los implicados, entre ellos excongresistas, en el sonado caso Arca Abierta.
El 14 de noviembre, la Corte de Apelaciones designada determinó revocar sentencia en caso Planeta Verde y mandó al TSC que investigue a 21 diputados involucrados en el supuesto acto de corrupción
En ese sentido, el juez desarrolló la audiencia de notificación para dar a conocer oficialmente la resolución de la Corte de Apelaciones designada que había declarado con lugar el recurso por concurrencia de la falta de acción.
El abogado defensor Dagoberto Aspra dijo que la resolución de la Corte de Apelaciones es que ratifica que si existió una falta de acción.
“Significa que el Ministerio Público no debió de haber acusado a mis definidos de que era requisito previo tener un aporte necesario para hacer la acusación”, explicó.
Señaló que la resolución ratifica el estado de inocencia y que los acusados vuelven al goce a los derechos inherentes de la persona humana.
Por su parte, la excongresista Welsy Vásquez, quien era una de las acusadas, argumentó que no tenía nada que ver en los hechos que acusó el Ministerio Público.
El caso Arca Abierta involucró en su momento a diputados, exlegisladores y otras personas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
El requerimiento fiscal incluyó a la diputada Gladys Aurora López, los excongresistas Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton Puerto Oseguera, Welsy Milena Vásquez, Fabricio Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, todos por el delito de malversación de caudales públicos.
Asimismo, Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y Allan Aroni San Martín por el delito de fraude.
De igual manera, Audelia Rodríguez, Hernán Enrique Vindel, Juan Carlos Valenzuela Molina, Iveth Salomé Navas Suazo, Carlos Humberto Bonilla y Óscar Álvarez, por malversación de caudales públicos.
Finalmente, Ana Lucía Castro, Arnold Gustavo Castro, Estela Lizeth Muñoz Hernández, Yajaira Lisbeth Talbot Villatoro e Indira Osorio Reyes, eran señalados por malversación de caudales públicos.
Previamente había sido sobreseído de manera definitiva el exdiputado y exministro de Seguridad, Oscar Álvarez; mientras que el excongresista Edwin Pavón fue declarado finalizado el proceso debido a su fallecimiento.
El Caso
Los investigadores de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) tenían desde el 2016 en el radar a la Asociación Planeta Verde, una organización no gubernamental supuestamente utilizada para drenar fondos públicos en beneficio de algunos diputados en el 2015.
Según conoció el equipo de la Ufecic abrió una línea de investigación destinada a descubrir el uso final de una partida económica asignada a la ONG a solicitud de un grupo de congresistas en el 2015.
El equipo de fiscales e investigadores constató que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también efectuó una revisión al caso en noviembre del 2016, además recopilaron los documentos de soporte de asignación de fondos.
El dinero se depositó en la cuenta de la Asociación Planeta Verde y ascendía a 21.1 millones de lempiras, provenientes de Casa Presidencial (2 millones), del Congreso Nacional (3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (16.1 millones). Después se trasladaron a las cuentas personales de varios congresistas y particulares, según la investigación.
Tras las indagaciones, la Ufecic procedió a decomisar el 28 de noviembre del 2017, dos días después de las elecciones generales, el expediente constitutivo de la asociación en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
El documento secuestrado consiste en un expediente compuesto de 35 folios, donde consta toda la información referente a la Asociación Planeta Verde, con número de registro 2015000055.
La ONG fue ingresada al sistema de asociaciones civiles el 17 de febrero del 2015 mediante resolución 58-2015, siendo su apoderada legal Julia Isabel Rivera.
La ONG se constituyó con el objetivo de ‘satisfacer las necesidades espirituales, físicas, emocionales y educativas de los niñas y niñas de Honduras de escasos recursos a través de programas especiales’, según consta en la página 17 del diario oficial La Gaceta del 13 de mayo de 2018.Su permiso venció el 15 de mayo del 2018 y funcionó en un local de un centro comercial en la colonia Miramontes de Tegucigalpa.
La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentó el 11 de diciembre de 2018 ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra cinco diputados y seis ex diputados hondureños, entre otros acusados, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.
