- Defensa pidió más tiempo para presentar cartas de apoyo desde Honduras; exdiputado admitió narcotráfico, pero niega cargos de violencia.
NUEVA YORK / TEGUCIGALPA
La Corte del Distrito Sur de Nueva York aplazó hasta el 23 de septiembre de 2025 la audiencia de lectura de sentencia contra Midence Oquelí Martínez Turcios, exdiputado hondureño extraditado por narcotráfico. La sesión estaba prevista para el 24 de junio ante el juez Lewis A. Kaplan, pero fue pospuesta a petición de la defensa legal del acusado.
Martínez Turcios ya fue condenado por conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos y enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Defensa pide más tiempo para presentar cartas de apoyo
La solicitud de prórroga fue planteada por los abogados de Martínez, quienes explicaron al tribunal que aún deben recabar y traducir varias cartas de apoyo provenientes de Honduras, las cuales serán presentadas como parte del escrito de argumentos para la sentencia. El juez Kaplan accedió a conceder más tiempo, fijando el 23 de septiembre como la nueva fecha límite.
Confesión parcial y rechazo a los cargos de violencia
Martínez Turcios fue capturado en marzo de 2023 tras cuatro años prófugo, y fue extraditado a Estados Unidos donde, en diciembre de 2024, admitió su responsabilidad en el cargo principal de narcotráfico. Sin embargo, negó categóricamente los señalamientos adicionales de la Fiscalía, que lo vinculan con asesinatos, secuestros y torturas.
Según la acusación fiscal, el exdiputado operó con apoyo del cártel hondureño de Los Cachiros, una organización criminal cuyas actividades han sido documentadas en varios juicios federales en EE.UU.
Testimonio vincula a expresidente Zelaya con supuestos favores del narcotráfico
Durante el proceso, la Fiscalía presentó el testimonio del exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien afirmó que la organización entregó medio millón de dólares a un expresidente hondureño liberal que gobernó entre 2006 y 2009 —identificado en múltiples informes como Manuel Zelaya Rosales—, con el fin de facilitar el nombramiento de Martínez como secretario o viceministro de Seguridad.
Según Rivera Maradiaga, esa promesa de cargo formaba parte de una estrategia de los Cachiros para proteger sus operaciones a través de influencia política.
Defensa rechaza el vínculo y pide excluir acusaciones del expediente
La defensa de Martínez respondió enérgicamente a esa acusación, solicitando al tribunal que excluya del Informe Previo a la Sentencia todos los párrafos que contienen tales alegatos, argumentando que no existe evidencia documental que los respalde y que provienen de un testimonio “plagado de contradicciones”.
Además, en enero de 2025, los abogados presentaron declaraciones juradas de testigos que desmienten la versión de Rivera Maradiaga. Según estos testimonios, en una reunión política coordinada por el entonces diputado Juan Ramón Salgado, el expresidente Zelaya habría propuesto a Martínez un puesto en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), y no en la Secretaría de Seguridad.
Un testigo clave asesinado en 2006
El diputado Juan Ramón Salgado Cuevas, señalado como testigo clave de esa reunión, fue asesinado el 2 de mayo de 2006 en su residencia en la colonia Aurora de San Pedro Sula. El crimen, hasta la fecha, no ha sido esclarecido.
La muerte de Salgado añade una capa de complejidad al caso, dificultando la verificación directa de los hechos, pero también alimentando el debate sobre la influencia del narcotráfico en la política hondureña.
Un caso más en la larga lista de vínculos entre narcopolítica y poder
El proceso contra Martínez Turcios se suma a una serie de juicios federales en Nueva York que han puesto al descubierto la penetración del narcotráfico en las estructuras políticas de Honduras, incluyendo condenas contra otros exfuncionarios y altos mandos del país.
A medida que se acerca la lectura de sentencia, el caso continúa siendo un termómetro de la lucha contra la impunidad y la narcopolítica, en un contexto regional donde la justicia estadounidense ha asumido un rol protagónico ante la inacción o encubrimiento de los sistemas judiciales locales.
