- Mario Flores y Miriam Barahona habrían ordenado inscripciones ilegales sin integrar el pleno; expertos advierten que corresponde juicio político y no antejuicio, lo que abre nuevo frente institucional antes de elecciones.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Este viernes se espera una resolución clave para el sistema democrático hondureño: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) definirá si admite o no la petición de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona, señalados por el Ministerio Público (MP) por el supuesto delito de prevaricato judicial.
La decisión surge en un contexto electoral altamente tenso, a pocas semanas de las votaciones generales, y podría marcar un precedente en torno a la actuación de altos funcionarios electorales.
El pasado 4 de noviembre, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que la presidenta de la CSJ nombró una sala ad-hoc para conocer la solicitud del MP, presentada luego de que los magistrados emitieran resoluciones que, según la Fiscalía, violentaron la normativa electoral y constitucional.
Resoluciones sin pleno completo
De acuerdo con el Ministerio Público, Flores y Barahona resolvieron sin la participación del tercer magistrado propietario —ni la convocatoria a un suplente— un recurso en el que ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir a dos ciudadanos como candidatos a diputados.
El 28 de octubre de 2025, los funcionarios dictaron sentencia definitiva declarando con lugar los recursos y ordenando la inscripción inmediata, pese a que el pleno del TJE no estaba válidamente integrado, lo que, según el MP, constituye una actuación arbitraria y contraria a la ley.
Las resoluciones fueron adoptadas “al margen del procedimiento establecido en la Constitución de la República y la Ley Electoral”, remarcó el ente acusador.
Expertos constitucionales consultados han señalado que la ley exige la presencia de los tres magistrados para que las decisiones del TJE tengan validez, subrayando que la falta de integración vicia el acto jurídico y abre la puerta a responsabilidad penal o administrativa.
¿Antejuicio o juicio político?
No obstante, la acción del Ministerio Público generó debate jurídico. Especialistas indicaron que a los magistrados electorales no se les puede aplicar un antejuicio, ya que la Constitución establece como mecanismo procedente el juicio político en el Congreso Nacional.
La controversia plantea un posible choque institucional entre el MP, el Poder Judicial y el Legislativo, en medio de un clima político ya polarizado por el proceso electoral en curso.
Decisión con impacto político
La resolución de la CSJ será clave no solo para el futuro de los señalados, sino también para la credibilidad del sistema electoral. Dependiendo del fallo, podría abrirse un proceso penal o trasladarse el expediente al Congreso, escenario que también entraña riesgos de politización.
Mientras tanto, organizaciones y observadores nacionales siguen atentamente el desarrollo, pues cualquier decisión sobre autoridades electorales en este momento podría influir en la confianza ciudadana de cara a las urnas.
