- La mayoría del pleno de magistrados decidió sobreseer el amparo contra la medida que rigió por más de tres años durante el gobierno de Xiomara Castro, aunque siete jueces advirtieron que hubo vulneraciones a garantías constitucionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso fin judicial al prolongado estado de excepción que rigió en Honduras por más de tres años durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, luego de que la mayoría del pleno de magistrados resolviera sobreseer el recurso de amparo presentado contra la medida que restringía garantías constitucionales.
La decisión del máximo tribunal no fue unánime y evidenció las distintas posturas entre los magistrados respecto al impacto y las consecuencias de la normativa que se mantuvo vigente desde diciembre de 2022 hasta el 26 de enero de este año, tras ser prorrogada en 24 ocasiones.
El pleno discutió el amparo presentado con base en el artículo 46 de la Ley de Justicia Constitucional, mediante el cual se solicitaba suspender el decreto que limitaba derechos fundamentales, especialmente en el contexto del proceso electoral celebrado el pasado 30 de noviembre.
Durante el debate surgieron tres posiciones dentro del tribunal, una de ellas, respaldada por seis magistrados, proponía sobreseer el estado de excepción de manera directa, sin entrar a valorar el fondo del recurso, argumentando que la normativa ya no se encontraba vigente.
Sin embargo, la postura que terminó imponiéndose fue la de sobreseer el caso de manera concurrente, respaldada por siete magistrados, quienes consideraron necesario dejar constancia de las presuntas vulneraciones a derechos humanos ocurridas durante la aplicación de la medida.
El voto concurrente implica que, aunque el recurso se cierre por razones procesales, los magistrados expresan razonamientos jurídicos sobre las afectaciones a las garantías constitucionales registradas durante la vigencia del estado de excepción.
En total, los 13 magistrados coincidieron en que no era posible resolver el fondo del recurso debido a que la normativa ya había perdido vigencia, por lo que procedía cerrar el caso.
No obstante, los siete jueces que emitieron el voto concurrente señalaron que no compartían la idea de cerrar el expediente sin dejar constancia de las irregularidades denunciadas.
Según esa postura, el cierre del caso sin análisis podría dejar en la impunidad diversos actos que se habrían cometido durante la aplicación del estado de excepción.
Por otra parte, los magistrados Marvin Espinal y Walter Miranda expresaron posiciones particulares al manifestar su desacuerdo con el sobreseimiento del caso, aunque no detallaron claramente qué resolución proponían, considerando que los efectos del decreto ya habían cesado.
Las preocupaciones sobre el impacto de la medida también fueron reflejadas recientemente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), principal entidad de la ONU responsable de promover, proteger y salvaguardar los derechos humanos universales.
En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras, presentado en Tegucigalpa, el organismo internacional denunció que durante 2025 se registraron ejecuciones, desapariciones forzadas y casos de tortura presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad en el marco del estado de excepción.
El documento advierte que la medida perdió su carácter “excepcional y temporal” al ser prorrogada en 24 ocasiones, convirtiéndose en la principal estrategia del Estado para combatir el crimen organizado.
El representante de la Acnudh Juan Carlos Monge, fue enfático al señalar que durante la vigencia de la medida “se cometieron varias violaciones de los derechos humanos”.
Monge detalló que la flexibilización de procedimientos judiciales durante el estado de excepción generó amplios márgenes de discrecionalidad en un ambiente político “crispado y polarizado”, marcado por el proceso electoral.
Con esta resolución, la Corte Suprema cierra formalmente el capítulo judicial del estado de excepción; sin embargo, el voto concurrente de siete magistrados deja constancia de los cuestionamientos sobre las violaciones a derechos fundamentales registradas durante su aplicación.
La decisión podría tener implicaciones futuras, especialmente si las denuncias documentadas por organismos internacionales y los propios magistrados derivan en investigaciones o procesos que busquen esclarecer lo ocurrido durante ese periodo.
Mientras tanto, el debate sobre el impacto del estado de excepción permanece abierto, al igual que la interrogante sobre si las víctimas de este período lograrán obtener justicia.
