- La consejera del CNE advirtió que los dispositivos no han sido oficialmente devueltos y estarían siendo reconfigurados bajo control del despacho del consejero Marlon Ochoa, sin autorización del pleno. Pide vigilancia internacional ante el riesgo para la transparencia electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio de la controversia por la licitación del sistema de transmisión electoral, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó una nueva alerta sobre presuntas irregularidades dentro del órgano electoral, esta vez relacionadas con las máquinas biométricas utilizadas por el partido Libertad y Refundación (Libre) durante su proceso interno.
Según López, esos dispositivos no han sido oficialmente devueltos al CNE y habrían sido reingresados sin justificación técnica ni autorización formal al centro logístico electoral, donde estarían siendo manipulados y “reconfigurados” bajo supervisión del despacho del consejero Marlon Ochoa, representante de Libre en el pleno.
“¿Para qué quieren introducir dispositivos biométricos y dónde los piensan colocar? Permanezco vigilante y firme. Alerto a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo en el CNE”, declaró López en un pronunciamiento público.
Equipos bajo control cerrado y sin registro técnico
La consejera detalló que parte de los dispositivos biométricos se encuentra almacenada en un aula del auditorio del CNE, un área bajo control exclusivo de un miembro del despacho de Ochoa.
De acuerdo con su denuncia, esos equipos están siendo sometidos a procesos de “reconfiguración” tecnológica, sin que exista un registro formal en el sistema institucional ni autorización emitida por el pleno.
“En teoría, esos equipos no han sido formalmente retornados al Consejo Nacional Electoral. Fueron prestados a un partido político y ahora están siendo manipulados en un espacio cerrado. ¿Para qué quieren configurarlos con un nuevo software? ¿Dónde los piensan colocar?”, cuestionó López.
La funcionaria advirtió que la manipulación de los dispositivos fuera de los procedimientos oficiales pone en riesgo la seguridad, integridad y transparencia del proceso electoral, ya que los equipos podrían ser alterados tecnológicamente para influir en los resultados o comprometer la confiabilidad del sistema de identificación de votantes.
Llamado a organismos internacionales
Ante la gravedad de la situación, López hizo un llamado urgente a organismos internacionales, observadores electorales y defensores de derechos humanos para que mantengan vigilancia sobre lo que ocurre dentro del CNE.
“No se trata de un tema político, sino de proteger la credibilidad del proceso electoral y la confianza del pueblo hondureño en sus instituciones”, enfatizó.
La consejera insistió en que la falta de control sobre los equipos biométricos constituye una violación a los protocolos de resguardo de material electoral, y podría derivar en responsabilidades administrativas o penales.
Contexto de crisis y denuncias cruzadas
La denuncia de López se produce en medio de una fuerte crisis interna en el CNE, marcada por acusaciones de amenazas, presiones y manipulación en los procesos de adjudicación de contratos.
La consejera ha señalado directamente al consejero Marlon Ochoa de ejercer presiones para favorecer a la empresa Smartmatic en la licitación del sistema de conectividad satelital del TREP, pese a que la oferta de dicha compañía es la más alta y ha sido cuestionada internacionalmente por supuestos vínculos con casos de fraude y sobornos.
Ochoa, por su parte, ha negado las acusaciones y asegura que existe un “plan de boicot y desprestigio” contra el proceso electoral. Sin embargo, su actuación y sus declaraciones han intensificado las tensiones dentro del órgano electoral, ya de por sí fracturado.
Un CNE debilitado y bajo sospecha
La nueva denuncia sobre los equipos biométricos profundiza la crisis de confianza en el CNE, institución que enfrenta uno de sus momentos más delicados a poco más de un año de las elecciones generales de 2025.
Expertos en materia electoral advierten que la manipulación no autorizada de equipos tecnológicos puede comprometer la integridad del sistema electoral y abrir la puerta a sospechas de alteración de datos o vulneración de seguridad.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente preocupación cómo el ente que debería garantizar elecciones limpias y transparentes se ve envuelto en una cadena de denuncias internas, pugnas políticas y falta de control institucional.
