• La consejera del CNE cuestiona que su recurso lleva más de dos meses engavetado mientras otros se admiten en tiempo récord.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente un trato desigual por parte del Poder Judicial, luego de que se admitiera con rapidez un amparo a favor de la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, mientras su propio recurso constitucional permanece sin trámite desde hace más de dos meses.
A través de un mensaje difundido en la red social X, López manifestó su incomodidad por lo que considera una clara diferencia de criterios en la actuación de los tribunales, advirtiendo que la justicia hondureña está operando bajo un esquema de “selectividad” que favorece a unos y margina a otros.
“Han pasado más de dos meses sin que se admita mi amparo, mientras otros se resuelven en menos de 24 horas. La situación no solo no mejora, sino que se agrava”, expresó la consejera.
Señalamientos de justicia a la carta
López sostuvo que esa disparidad en los tiempos de resolución abre espacios para presiones, chantajes y negociaciones políticas, permitiendo que se premie o castigue a funcionarios según su conveniencia o alineamiento.
En su pronunciamiento, advirtió que el silencio judicial frente a su caso no es casual, sino parte de un patrón que excluye a quienes son considerados incómodos dentro del sistema.
“Cuando la justicia escoge a quién escuchar y a quién ignorar, deja de ser justicia”, señaló.
Exige respeto a sus derechos
La consejera del CNE también cuestionó quiénes influyen realmente en las decisiones judiciales y exigió que se respeten su futuro y sus garantías constitucionales, subrayando que no aceptará ser víctima de un trato desigual ante la ley.
López advirtió que continuará alzando la voz mientras su amparo no sea atendido, ya que considera que lo que está en juego no es solo su situación personal, sino la independencia y el equilibrio dentro del órgano electoral.
En medio de una crisis institucional
El reclamo de Cossette López se produce en un contexto de alta tensión institucional, marcado por los conflictos entre el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos electorales, a raíz de los resultados de las elecciones generales y del decreto que ordena el recuento de votos.
Su pronunciamiento añade un nuevo elemento de presión política y jurídica sobre el Poder Judicial, que ahora enfrenta cuestionamientos no solo por sus fallos, sino también por la velocidad y el criterio con el que decide qué recursos tramitar y cuáles mantener engavetados.
