San José – Costa Rica superó este martes la barrera de los 700 homicidios en lo que va de 2023 y las autoridades proyectan que para el final del año se podría registrar una tasa histórica de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
«Es una cifra preocupante. Estamos preocupados y ocupados. Hemos realizado un trabajo extenuante y detallado para buscar estrategias y encontrar vínculos entre las bandas criminales, pero lamentablemente Costa Rica está en una de sus coyunturas mas complicadas», afirmó el subdirector del OIJ, Michael Sotos, en declaraciones distribuidas a los medios.
Los datos del OIJ indican que a este 10 de octubre se contabilizan 701 homicidios y la proyección para el final de año es de un número alrededor de los 900 homicidios, para una tasa de 18 por 100.00 habitantes.
El pasado 22 de septiembre Costa Rica alcanzó los 655 homicidios, cifra que superó a la de todo 2022 (654 homicidios), que era la mayor cantidad en la historia del país con una tasa de 12,6 por 100.000 habitantes.
En lo que va de 2023 el aumento de los homicidios es del 45 %, pues al 10 de octubre de 2022 se contabilizaban 481 de esos crímenes.
Soto insistió en la necesidad de que el país aborde la situación desde varias aristas que abarcan desde el trabajo de las autoridades de seguridad, hasta el deporte, la cultura y la educación.
La mayoría de los asesinatos son atribuidos por las autoridades a la lucha entre bandas narcotraficantes por apropiarse de territorios para la venta de drogas.
«El mayor porcentaje, más del 60 %, tiene que ver con el narcotráfico en la puga de territorios en las costas y zonas urbano marginales. Se ha vuelto lamentablemente común encontrar cuerpos con signos de tortura, decapitaciones, cuerpos quemados, cuerpos con gran cantidad de impactos de arma de fuego», declaró Soto.
El pasado jueves el Congreso de Costa Rica aprobó una moción para instar al Gobierno de Rodrigo Chaves a que declare la situación de los homicidios como emergencia nacional.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha respondido a esa solicitud.
El OIJ y el Ministerio Público también han instado al Ejecutivo a destinar más recursos económicos para la compra de equipos y contratación de personal para hacer frente a la ola de homicidios que vive el país.
El presidente Chaves ha culpado al Congreso de no aprobar 5 leyes que según el Ejecutivo servirán para combatir la criminalidad.
Las alarmas entre las autoridades se encendieron aún más el pasado miércoles luego de que fuera asesinado el agente del OIJ Géiner Gómez mientras realizaba un trabajo de vigilancia encubierta en la localidad de Tirrases de Curridabat, en el sector este de San José. Su compañero resultó herido pero sobrevivió.
Por este hecho fueron detenidos dos hombres de 17 y 21 años como sospechosos de disparar desde una motocicleta.
Con información de EFE
