TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberán comparecer ante el Congreso Nacional el próximo 28 de mayo para explicar la reciente medida que obliga a los ciudadanos hondureños a validar biométricamente su identidad para adquirir y activar chips de telefonía móvil.
La medida ha generado controversia entre sectores políticos y usuarios, debido a la obligación de proporcionar una fotografía facial al momento de registrar una nueva línea telefónica, lo que, según Conatel, busca fortalecer la seguridad nacional y prevenir delitos como la extorsión, el sicariato y las estafas, muchas veces facilitados por el uso de identidades falsas.
Sin embargo, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, expresó serias preocupaciones sobre la legalidad y el trasfondo de la decisión. Afirmó que la medida no ha sido socializada y carece de un sustento jurídico claro.
“No existe una modificación legal sobre los requisitos que diga que una persona tiene que tomarse una fotografía para inscribir su línea”, declaró Umaña, quien también señaló que las compañías telefónicas han incurrido en ilegalidades al activar líneas sin siquiera solicitar el documento de identidad.
El parlamentario también criticó que la nueva exigencia se esté trasladando al ciudadano común sin la debida discusión legislativa y sin establecer garantías claras sobre la protección de los datos personales recolectados.
Preocupaciones sobre privacidad y posibles usos políticos
Umaña expresó inquietud sobre la gestión de los datos biométricos y la posibilidad de que estos sean utilizados con fines políticos, especialmente de cara a las elecciones previstas para noviembre, en las que se prevé implementar mecanismos de reconocimiento facial y huella dactilar.
“Muchas personas ya utilizan estas tecnologías en sus teléfonos móviles, pero el temor es: ¿quién protegerá esa información? ¿Quién garantiza que no se usará con fines distintos al de validar una línea?”, cuestionó el legislador.
Posibles reformas legales y recursos judiciales
El diputado advirtió que, en caso de que Conatel no justifique legalmente la implementación de esta medida, desde el Congreso se impulsará una reforma a la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas. Asimismo, se propondrá una nueva Ley de Ciberdatos que garantice la protección de la información personal de los usuarios.
Umaña también anunció que solicitará la ampliación o suspensión del plazo de entrada en vigencia de la medida, prevista para el 1 de junio. De no obtenerse una respuesta satisfactoria por parte de Conatel, advirtió que podrían presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
