• Demandantes alertan que la suspensión de garantías pone en riesgo las elecciones del 30 de noviembre y vulnera principios constitucionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un nuevo recurso de inconstitucionalidad fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la reciente extensión del estado de excepción en Honduras, al considerar que esta medida —que suspende garantías constitucionales en varias zonas del país— representa una amenaza directa para las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.
Los promoventes del recurso argumentan que mantener un régimen excepcional en la recta final del calendario electoral restringe derechos fundamentales, entre ellos la libre circulación, la libertad de reunión y la posibilidad de ejercer vigilancia ciudadana sobre el proceso.
Señalan que, lejos de aportar seguridad, la medida distorsiona el ambiente democrático y puede generar inhibición entre los votantes.
“El país no puede acudir a un proceso electoral bajo la suspensión de garantías”, reza parte del planteamiento, al advertir que la continuidad del estado de excepción compromete la participación ciudadana y la transparencia, pilares indispensables para unos comicios creíbles.
De acuerdo con el documento presentado, la prolongación de esta medida extraordinaria —inicialmente justificada en la lucha contra la criminalidad— ha excedido su propósito original, y su aplicación en un contexto electoral podría interpretarse como una acción que limita el escrutinio público y las libertades políticas.
Expertos en derecho constitucional consultados coinciden en que sostener un proceso electoral bajo un régimen de excepción constituye una violación a los principios fundamentales del sistema democrático.
Señalan que la libertad de movilización, reunión e interacción ciudadana es esencial en la etapa previa a la votación, cuando los partidos realizan cierre de campañas, los actores políticos fiscalizan el proceso y la población se prepara para acudir a las urnas.
La presentación del recurso incrementa la presión sobre la CSJ, que ahora deberá resolver si la extensión del estado de excepción es compatible con el marco constitucional o si, por el contrario, debe ser anulada para garantizar un ambiente electoral plenamente libre.
La discusión se suma a una creciente preocupación nacional e internacional sobre el clima democrático en Honduras y sobre la necesidad de asegurar que el 30 de noviembre se desarrolle en condiciones de plena libertad, transparencia y confianza ciudadana.
