TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Mientras las calles del país se agrietan y las carreteras colapsan lentamente ante la falta de mantenimiento, el gobierno y las principales alcaldías deben más de 4 mil millones de lempiras al sector construcción.
Así lo denunció este jueves el presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico), Gustavo Boquín, al advertir que la situación no solo compromete la sostenibilidad del gremio, sino que pone en riesgo el patrimonio vial de Honduras.
“La deuda del gobierno con las constructoras supera los tres mil millones de lempiras”, afirmó Boquín, a lo que se suma una deuda flotante de mil millones por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), y cuentas pendientes de la municipalidad de San Pedro Sula, algunas de ellas correspondientes a obras ya inauguradas, pero aún no pagadas.
Lo alarmante no es solo la cifra, sino lo que representa: un modelo de gestión pública que sigue comprometiendo el desarrollo sin asumir responsabilidades financieras.
La infraestructura inaugurada con cortes de cinta y cámaras, pero no saldada con pagos reales, revela una práctica institucional que privilegia la propaganda sobre la planificación.
Boquín pidió a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y a los alcaldes Jorge Aldana (Distrito Central) y Roberto Contreras (San Pedro Sula) que implementen orden financiero y programación realista de pagos, señalando que los constantes retrasos afectan la liquidez de las empresas constructoras y paralizan nuevos contratos, especialmente en el área de mantenimiento vial.
La consecuencia es directa y crítica: “No estamos cumpliendo con el programa nacional de mantenimiento vial, y eso pone en peligro el patrimonio vial del país”, advirtió.
De los 16 mil kilómetros de red vial oficial, apenas 4 mil están pavimentados, y su deterioro avanza sin contención.
La advertencia no es menor: cuando las constructoras no pueden operar, la infraestructura pública se convierte en ruina.
La deuda con el sector no solo es un pasivo contable, es también una manifestación de la precariedad institucional, de la falta de previsión y de la irresponsabilidad fiscal con la que se administra el país.
En una nación donde el acceso digno a caminos y carreteras es una barrera cotidiana para miles, este tipo de impagos no son solo fallas técnicas: son decisiones políticas que afectan directamente el desarrollo, la competitividad y la vida de la ciudadanía.
La deuda está sobre la mesa. Lo que falta es voluntad de saldarla.
