TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió hoy que la crisis institucional en el Ministerio Público puede detonar en una crisis generalizada, en el país, en materia de derechos humanos.
El ente estatal hizo un llamado al Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla, que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales a los fiscales y al personal administrativo del Ministerio Público.
Además, instó a la Secretaría de Finanzas para que identifique las fuentes de financiamiento y, al Congreso Nacional, para que ejerza su papel de control de esos actos y que pueda resolver de manera oportuna y favorable, las peticiones que los empleados del Ministerio Público están presentando.
Desde el pasado 6 de febrero, la Asociación de Fiscales de Honduras se mantiene en una lucha por lograr aumentos salariales.
Demandas que, según el Conadeh, son legítimas ya que les asiste el derecho de buscar condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, para asegurar condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias.
En las últimas horas, el Conadeh emitió una “alerta temprana” con el propósito de preservar la protección de los derechos humanos de la población, en general, particularmente, las víctimas de la inseguridad, de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, en el país.
Advirtió que la paralización de las funciones del Ministerio Público produce, eventualmente, infracciones a los derechos humanos y esto compromete la responsabilidad internacional del Estado de Honduras.
Añade que, el incumplimiento de las obligaciones internacionales es atribuible al propio Estado, al no cumplir con la investigación judicial de las violaciones a los derechos humanos, ya sea cometidas por agentes del Estado o por particulares.
El problema se agudiza aún más, según el Conadeh, cuando desde el Ministerio Público no se emprenden acciones de diligencias investigativas destinadas a esclarecer los hechos en los que se suscitan las violaciones.
Preocupa al Conadeh, la paralización de labores en el Ministerio Público ya que implica la inactivación de sus atribuciones constitucionales, en especial, la de investigar los hechos criminales con la debida diligencia para impedir la pérdida de pruebas que pueden resultar fundamentales para la determinación de responsabilidad y la persecución penal.
Señala que, el abstenerse de realizar levantamientos cadavéricos y otras actividades exclusivas del mandato legal del Ministerio Público, es contraria al contenido de los instrumentos internacionales de derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por hechos internacionalmente ilícitos reclamados por particulares ante órganos con jurisdicción internacional.
El Conadeh recordó, al Estado hondureño, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado, en sus diferentes sentencias, que los estándares, criterios, principios que emanan de la debida diligencia implican que la escena del hecho siniestro se proteja de manera oportuna para salvaguardar la evidencia, necesaria para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, procesarles, eventualmente castigarles y asegurar que los hechos no se repitan.
Finalmente advirtió que, se está frente a posibles infracciones de derechos humanos que pueden ser recurridas ante organismos internacionales producto de la falta de protección del Estado de Honduras y falta de cumplimiento al deber de actuar con la debida diligencia en las investigaciones judiciales.
