TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El asesinato del periodista Javier Antonio Hércules Salinas, ocurrido la madrugada del domingo en Santa Rosa de Copán, ha desencadenado un fuerte cruce de declaraciones entre el ministro de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, y el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra.
En respuesta a las críticas del gremio periodístico, Becerra aseguró este lunes que Hércules contaba con cinco medidas de protección activas al momento del crimen.
“Falta a la verdad el presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, al afirmar que el periodista no estaba siendo protegido. Hércules contaba con patrullajes en su domicilio, un enlace policial, curso de autoprotección, gestiones ante otras instituciones y un estipendio mensual”, afirmó el funcionario a través de sus redes sociales.
Las declaraciones del ministro surgen tras la condena pública emitida por el CPH, que exigió una investigación “transparente y creíble” sobre el asesinato del comunicador y cuestionó la efectividad del Mecanismo Nacional de Protección para Periodistas.
“Lamentamos que las acciones del Mecanismo no hayan dado resultados para evitar esta tragedia que hoy enluta a una familia y al periodismo nacional”, expresó el organismo en un comunicado.
Por su parte, el presidente del CPH respondió con dureza, denunciando que las supuestas medidas de protección eran insuficientes y simbólicas.
“La protección al periodista asesinado era solo firmar un libro, esa era su protección”, afirmó Sierra. Y añadió: “Se hubiera prevenido su muerte si se le hubiera dado la protección que merecía. Exigimos una revisión urgente del Mecanismo.”
Las críticas también llegaron desde el ámbito de derechos humanos. Jorge Fernando Jiménez, presidente de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), calificó como irresponsable la postura del ministro Becerra.
“No nos equivocamos cuando dijimos que este tipo era un activista. Que reconozca que las medidas no eran las idóneas. Esas que menciona no sirven porque no se cumplen”, escribió Jiménez en redes sociales.
El asesinato de Javier Hércules ha provocado una fuerte ola de indignación a nivel nacional, y ha vuelto a poner en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger a periodistas y comunicadores sociales, en un país donde ejercer el periodismo continúa siendo una labor de alto riesgo.
El caso ha reactivado el debate sobre la eficacia del Mecanismo de Protección, la necesidad urgente de su reforma, y la exigencia de justicia en un entorno marcado por la impunidad y la violencia contra la prensa.
