- Tres meses después de su presentación, la acción por presunta revelación de secretos avanza a audiencia de conciliación programada para el 4 de marzo
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Tres meses después de su presentación en octubre de 2025 —previo a las elecciones generales del 30 de noviembre—, la querella fue finalmente admitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La acción judicial fue interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, contra el fiscal general Johel Zelaya, a quien acusa del presunto delito de revelación de secretos.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que el juez natural designado para conocer la causa admitió la querella y programó para el 4 de marzo de 2026 la audiencia de conciliación, primera fase dentro del proceso judicial.
“Se ha confirmado por el juez natural que conoce esta causa, que llegó al conocimiento de la Corte el pasado 31 de octubre. Ya se ha admitido y se ha señalado el día 4 de marzo para la primera fase, una audiencia de carácter conciliatorio”, explicó Duarte.
Según detalló el portavoz, en dicha audiencia se buscará que ambas partes puedan alcanzar un “arreglo positivo”. En caso de lograrse un acuerdo, el proceso no avanzaría a las siguientes etapas procesales.
Origen de la querella
López presentó la acción penal luego de que el fiscal general divulgara públicamente audios atribuidos a la funcionaria, en los que presuntamente se planificaba un boicot al proceso electoral.
En su momento, el abogado Dagoberto Aspra explicó que la querella fue promovida como acción privada, fundamentada en el artículo 275 del Código Procesal Penal.
Los audios y la investigación
Previo al proceso electoral, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, presentó en una memoria USB audios atribuidos a López y al entonces jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, actual presidente del Congreso Nacional.
Posteriormente, el fiscal general hizo públicos los audios al anunciar la apertura de una investigación.
“Las grabaciones muestran la existencia de una asociación ilícita entre una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado propietario del Congreso Nacional (CN) y un militar activo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)”, declaró Zelaya en ese momento.
La admisión de la querella abre ahora un nuevo capítulo judicial en medio de un contexto político marcado por tensiones institucionales tras el proceso electoral, mientras se espera si la audiencia de conciliación logra cerrar el conflicto o si la causa avanza a fases procesales más profundas.
