TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La tensión en torno al consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, escala a un nuevo nivel luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmara que procederá a citarlo por edictos, tras no lograr ubicarlo para que comparezca en una audiencia judicial.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que la medida busca obligar a Ochoa a presentarse a la audiencia de declaración de imputado en el marco de la querella interpuesta por la consejera del CNE, Cossette López.
Según Silva, las autoridades han agotado múltiples vías para localizar al funcionario: visitas a su lugar de trabajo, inspecciones en su vivienda, llamadas telefónicas e intentos de contacto por redes sociales, todos sin éxito. “No se ha logrado entregar la citatoria para la audiencia de conciliación”, afirmó.
La audiencia estaba programada para el viernes 17 de abril y tenía como objetivo abrir un espacio de conciliación entre ambas partes antes de que el caso escale a instancias judiciales más severas.
Sin embargo, la ausencia de Ochoa ha paralizado el proceso y encendido las alarmas dentro del sistema judicial.
El conflicto tiene su origen en una disputa pública entre ambos consejeros, marcada por acusaciones de difamación vinculadas a la difusión de audios antes del proceso electoral de 2025.
Este enfrentamiento no solo ha deteriorado la relación entre funcionarios del CNE, sino que también ha expuesto fracturas dentro del organismo electoral.
Presión política y judicial simultánea
La situación de Ochoa se complica aún más al desarrollarse en paralelo a un juicio político en el Congreso Nacional de Honduras, lo que evidencia un cerco institucional sin precedentes en su contra.
El hecho de que la CSJ recurra a la citación por edictos —un mecanismo utilizado cuando una persona no puede ser localizada— refleja no solo la urgencia del caso, sino también la gravedad de la falta de comparecencia de un alto funcionario público.
Mientras tanto, la incertidumbre crece sobre si Ochoa responderá al llamado judicial o continuará en una posición que podría agravar su situación legal y política.
Una crisis que golpea la institucionalidad
Este episodio se suma a una serie de controversias que rodean al CNE en la antesala de procesos electorales clave, dejando en evidencia la fragilidad institucional y el impacto de los conflictos internos en la credibilidad del sistema democrático hondureño.
La decisión de la CSJ marca un punto de inflexión: el caso ya no solo es un conflicto entre funcionarios, sino un pulso entre la autoridad judicial y un consejero que, hasta ahora, permanece fuera del alcance de la ley.
