• El Poder Judicial niega persecución contra integrantes de comunidades garífunas y asegura que investigar posibles delitos no significa desconocer sus derechos colectivos ni las sentencias internacionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este sábado 14 de noviembre los señalamientos de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que denunció una presunta persecución judicial contra integrantes del pueblo garífuna, en medio de los reclamos por la defensa de sus territorios y el respeto a sus derechos colectivos.
A través de un comunicado, el máximo órgano judicial negó que su presidente actúe en función de intereses empresariales, políticos o particulares y defendió la independencia de los tribunales, al sostener que las decisiones deben fundamentarse en la Constitución y las leyes del país.
La respuesta surge luego de que OFRANEH cuestionara, el viernes 13 de noviembre, actuaciones institucionales que, a criterio de la organización, estarían relacionadas con acciones contra miembros de las comunidades garífunas.
Uno de los principales argumentos de la CSJ es que la presentación de requerimientos fiscales corresponde exclusivamente al Ministerio Público y no a la Presidencia del Poder Judicial.
En consecuencia, aseguró que su titular no participó en la elaboración, decisión ni presentación de la acusación señalada por la organización.
Asimismo, la institución se refirió a la sentencia emitida el 20 de noviembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros contra Honduras.
Al respecto, manifestó que reconoce y respeta la resolución internacional, pero aclaró que su cumplimiento no impide investigar hechos que puedan constituir delitos, siempre que se respeten los derechos humanos, las garantías constitucionales y el debido proceso.
La CSJ también enfatizó que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y que corresponde únicamente a los tribunales determinar responsabilidades penales, por lo que la presentación de un requerimiento fiscal no representa una declaración de culpabilidad.
“Nadie puede ser perseguido por defender legítimamente sus derechos, pero ninguna persona está por encima de la ley”, subrayó el Poder Judicial en su pronunciamiento.
Finalmente, la Corte aseguró que respeta la libertad de expresión y el derecho de las organizaciones a denunciar, aunque rechazó los señalamientos que considera carentes de pruebas y que, según su postura, buscan desacreditar la independencia judicial.
El pronunciamiento se produce en un contexto de tensiones entre organizaciones garífunas y distintas instituciones del Estado, mientras las comunidades continúan exigiendo protección de sus territorios ancestrales y el cumplimiento de las resoluciones internacionales que reconocen sus derechos.
